El Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP), en coordinación con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU) y la alcaldía, entregó a 138 familias que residen en la comunidad Milagro de Dios, del municipio de Santa Catarina Masahuat, en Sonsonate, las escrituras de sus terrenos.
El asentamiento surgió a raíz de los daños ocasionados a sus viviendas por la tormenta tropical Stan y la erupción del volcán de Santa Ana. Ambos fenómenos naturales ocurrieron en 2005.
La municipalidad puso a disposición de las familias afectadas, un terreno de su propiedad para que estas se reubicaran en un sitio seguro.
Sin embargo, los beneficiados pasaron nueve años sin contar con una seguridad jurídica debido a que no eran propietarios de las parcelas que habitaban.
El ILP inició el proceso de legalización en 2012. Mientras que las familias tuvieron que cooperar con la entrega de documentación personal para verificar su domicilio, su grupo familiar e información sobre los colindantes.
La comunidad se amparó en el Decreto Legislativo Nº 79 de la “Ley Especial para Diligencias de Legalización de Derechos de Propiedad y Regularización de la Posesión a Personas de Escasos Recursos Económicos y Personas Afectadas por Fenómenos Naturales”.
Con ello, las familias de escasos recursos económicos se beneficiaron con la reducción del 75 % de pagos de aranceles de los derechos de Registro en el Centro Nacional de Registros (CNR) y tuvieron procesos más ágiles. Cada parcela consta de 170 m².
La comunidad cuenta con energía eléctrica y agua potable domiciliar.
En total son 146 lotes, de ellos 140 son lotes de vivienda y seis lotes están divididos en tres zonas verdes, un área verde ecológica y dos zonas de protección.
Los que recibieron las escrituras estaban complacidos porque después de tanto tiempo ya tenían un lugar legal donde vivir.
También serán beneficiados a través del programa de “Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios”, fase II, bajo el componente de Emergencias Habitacionales, que ejecuta el VMVDU.
La inversión del ILP en el proceso de legalización fue de $61,200, que fueron financiados con fondos del BID.
En el proceso de legalización las familias se beneficiaron con el trabajo de promotores, ingenieros, topógrafos, abogados y notarios que brindaron asistencia técnica y jurídica con el levantamiento de información socioeconómica, levantamiento de información del inmueble, medición.
Aunado a eso, a las familias también se les apoyó con el procesamiento de planos, colocación de mojones y trámite de permisos con las instituciones competentes, análisis jurídicos, escrituración e inscripción ante el CNR.