La redistribución del espectro radioeléctrico, el tránsito a la digitalización y la falta de definición en cómo se asignará, así como el impulso de leyes como la de medios y las prohibiciones en materia de publicidad, son claras amenazas a la libertad de expresión y a la libre expresión comercial. Así lo expone Sherman Calvo, presidente de la Federación Centroamericana de Agencias de Publicidad (Fecap).
Para este publicista de larga data, en El Salvador las amenazas a ese pilar de la democracia toma forma en ciertas medidas que desde el gobierno se están ejecutando y que advierten claramente que estamos caminando sobre “las huellas” de modelos como los que se ejecutan en Ecuador y en Venezuela, donde por un lado se tiene una prensa amordazada, censurada y controlada, y en el otro está una prensa afecta al Gobierno, que no le cuestiona ni promueve conciencia ciudadana.
“La Ley Orgánica de Medios (propuesta del gobierno de Mauricio Funes), que es una reencarnación de la ley orgánica de medios de Ecuador que termina en un problema serio a lo que es la libertad de expresión, ha sido totalmente nociva a la libertad comercial como rama de esa libertad de expresión”, dice Calvo.
Desde el gobierno y las radios comunitarias se viene insistiendo en la necesidad asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico bajo un concepto de “democratización” de los medios, y en ese contexto, el país ha anunciado que adelanta para el 2018 el cambio del espectro al sistema digital, año en que vencen muchas derechos de explotación de frecuencias, por lo que el gobierno ya les ha anunciado vía cartas que habrá “cambios importantes”.
Pero allí radica la preocupación, según Calvo, de que se maneje con absoluta transparencia ese proceso de redistribución, porque de lo contrario se puede prestar a situaciones que terminarían complicando la democracia, la libre expresión y la libertad de expresión comercial.
“En ese espectro hay muchísimos intereses económicos pero también políticos como lo ha estado manejando (el gobierno de) Ecuador. Allí están grandes contribuyentes por un lado, por otro está el poder de la comunicación”, afirma Calvo.
A su juicio, se invoca a la democratización con un “grito estridente” como si alguien pudiera estar en contra de eso, pero que en el fondo ve que “que los gobiernos que hacen ese llamado terminan tomándose ese espectro y podría, si no se hace de manera transparente, refundar ese espectro y terminar cerrando medios libres e independientes”.
Esto ha pasado en Venezuela, Ecuador y Nicaragua, dice Calvo, donde después de estrictas regulaciones al contenido de los medios, prohibiciones a la publicidad entre otras medidas han terminado cerrando medios mientras empresas afectas a los regímenes han comprado medios, lo que impide a la ciudadanía tener información plural y forjar su propia opinión.
Pone de ejemplo, las extremas medidas del Gobierno de Rafael Correa, y se basa en recientes reportes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que dan cuenta que hay hasta 300 personas que monitorean día a día el contenido de los medios y si estos son considerados contrarios al régimen son sancionados.
Calvo dice que cuando los gobiernos controlan la comunicación, la libertad de prensa se pierde, pues si hay más dueños de medios afines a los regímenes, dónde queda la auditoría y la rendición de cuentas de los funcionarios.
Por estas y otras acciones es que informes como los de la SIP y de organizaciones como Freedom House ubican a Ecuador, Cuba, Venezuela y Nicaragua entre los países donde se ha agudizado el irrespeto a la libre expresión.
Sobre la negación de dirigentes de Gobierno y FMLN de que quieran copiar modelos como el ecuatoriano y el venezolano, Calvo dice que “tantos síntomas” como la propuesta de la Ley de Medios que a su juicio repite la ecuatoriana, dicen lo contrario.
Amenazas en la TV
El problema, añade Calvo, no está en democratizar el espectro salvadoreño, como se dice, sino en el sesgo que se pueda dar al asignar las frecuencias.
Hace unos meses, los medios publicitarios recibieron una carta de la Superintendencia de Competencia en la que invitaban a sus representantes a colaborar con un diagnóstico relacionado con la competitividad comercial y en ella se les advertía que estaban por caducar muchos permisos de frecuencias televisivas y que, en vista del traslado a la era digital, se harían significativos cambios.
Parte de esos cambios es que los canales se asignarán a partir del 7, pero resulta que algunos de los primeros ya están asignados: el 9 pertenece ya a la Asamblea Legislativa y el 11 a TV Red, cuya propiedad se atribuye al mexicano Ángel González.
Pero Calvo apunta otro aspecto y es que a tres años de hacer esa transición de sistema analógico a uno digital, el gobierno no ha decidido cómo lo hará y surgen dudas.
“Sabemos que vamos a ese punto pero uno de los pasos es qué va a pasar con los derechos de explotación del espectro en 2018, año en que El Salvador ha decidido hacer el “apagón” del sistema análogo. Entonces, hay tantos intereses que eleva el nivel de responsabilidad en materia de la transparencia que debe existir en cada uno de los pasos que deben existir”, dice.
Considera que en el caso de que se decanten por la subasta o la licitación, estos no son sistemas perfectos, pues “son manipulables” pero que solo la transparencia en el proceso demostrará si en realidad se persigue la democratización.
Dice que lo único que se ha decidido es que adoptará el sistema brasileño, pero de allí no se sabe más.
Control de datos
Además, preocupa que el espacio radioeléctrico abarca la operación de teléfonos y tabletas que en dos años habrá incrementado significativamente la circulación de esos dispositivos en el mundo.
Eso se traduce, según Calvo, en que a más acceso a estos dispositivos, que está teniendo un rimo de 78 % de crecimiento, habrá más trafico de datos y eso hace que gobiernos de corte socialista quieran tener control del espectro.
“¿Imagina la cantidad de datos?, por eso digo, esa es la joya de la corona, por eso los gobiernos de corte socialista, del socialismo del siglo XXI que no es más que la reencarnación del comunismo en versión socialista democrática, necesita la comunicación y estos medios y formas de manejar y dominar el espectro porque justamente es como están controlando la comunicación”, afirma Calvo.
En ese sentido, dice preocupa que se diga que el gobierno busca también regular la Internet, por lo que el ente obligado, la Siget, debe aclarar todas las dudas en torno a la distribución del espectro radioeléctrico y que garantizará el derecho a la información.
Por eso pide Calvo, que a la hora de discutir esas leyes que emulan a las de países como Ecuador, o las que intentan regular la publicidad como la de seguridad alimentaria, haya un concurso de todas las partes interesadas y sean escuchadas además, pues cuando se toman medidas prohibitivas o regulatorias “de manera inadecuada” en aras de proteger al consumidor, viene el daño a toda la industria.
Calvo dice que no se está pidiendo el mínimo de esas medidas pero tampoco se les imponga el máximo, tampoco piden “libertinaje de expresión comercial”, sino ponerse de acuerdo y en un punto medio, sobre todo en temas considerados sensibles.
Dice el gobierno debe entender que a través del Consejo Nacional de la Publicidad han demostrado desde hace 50 años “capacidad de manejar la autorregulación”, que se rigen por el Código de Ética Publicitaria que incluye aspectos como sana competencia, honestidad, veracidad de toda publicidad y cumplir con los principios éticos y morales de una sociedad. Además, añade, este código también lo revisan y actualizan cada dos años, y dan cada año 50 opiniones técnicas a la Defensoría del Consumidor.
Por lo que creen que iniciativas como la Ley de Seguridad Alimentaria deben estar enfocadas como en otros países a la responsabilidad de los medios a educar a la población que a prohibir la publicidad.