Diarios de Venezuela y Ecuador denuncian presión de gobiernos por callarlos

Los presidentes editores de dos emblemáticos medios de comunicación en Venezuela y Ecuador, los que han echado raíces con las bases opositoras de esos países, llaman para que la comunidad internacional presione a esos gobiernos, para que respeten la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

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Miguel Henrique Otero, de El Universo, y Carlos Pérez, de El Nacional, en el conversatorio moderado por John M. Donnely, (derecha) del Centro para el Desarrollo Democrático de las Américas y del Congressional Quarterly. foto edh / Tomás Guevara

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2014-12-02 7:00:00

Los principales editores de los emblemáticos diarios de larga data en Venezuela y Ecuador, El Nacional, presidido por Miguel Henrique Otero, en el país petrolero, y El Universo, del que es propietario y editor Carlos Pérez Barriga, llegaron a Washington para exponer y denunciar en parte los atropellos a su trabajo periodístico por no estar alineados con el chavismo en sus países.

Desde las mesas editoriales, ambos luchan día a día contra la hostilidad desatada desde los despachos presidenciales y las agencias de los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Rafael Correa, en Ecuador.

Este último entró en querellas con El Universo, con lo que se encendieron las alarmas en la palestra internacional sobre la situación de los medios de comunicación independientes en ese país también alineado en el ensayo del Socialismo del Siglo XXI.

Ambos ejecutivos expusieron este martes en el Club de la Prensa Nacional en Washington, invitados por el Centro para la Democracia y el Desarrollo de las Américas. Desde la misma mesa aprovecharon para señalar y pedir apoyo de la comunidad internacional para que presione por que se respete el libre ejercicio del periodismo sin ataduras en sus países.

Carlos Pérez Barriga fue el primero en exponer la situación del Ecuador para la prensa no alineada, y de cómo el ensayo orquestado en las estructuras del poder ha ido minando a los hacedores de un periodismo crítico y, sobre todo, cerrando espacio a un derecho fundamental y garantía en una nación democrática como es la libertad de expresión.

El acoso del que ha sido parte El Universo, matizó su propietario, no se ha quedado solo en los casos de condenas judiciales por las que han tenido que responder, sino también por un sistemático acoso desde las estructuras del gobierno.

Esa coerción explicó Pérez Barriga llega en diversas formas e instrumentos “como el uso abusivo de las instancias tributarias o inspecciones sin previo aviso en todos los niveles de la empresa, no solo la parte editorial”, explicó.

Por su parte, el presidente del diario que representa la voz de la resistencia en Venezuela, El Nacional, Miguel Henrique Otero, cuya empresa lleva 14 años sin recibir pauta publicitaria del gobierno chavista y la que subsiste en pleno acoso del oficialismo, por no venderse al chorro de petróleo que mueve toda la maquinaria gubernamental, ahondó en la situación del momento actual.

Este periódico fue condenados hace buen tiempo a desaparecer, pero ha sido la estrategia de ahogamiento impuesta este año con la importación de papel la que lo ha llevado a estar en serio peligro de desaparecer, expuso ante la prensa internacional y observadores agrupados en uno de los salones del centro de la prensa nacional y extranjera en la capital estadounidense.

En los episodios de meses recientes, cuando el régimen de Nicolás Maduro apretó la cuerda, fue la solidaridad de empresas editoriales del hemisferio la que le valió seguir informando a sus audiencias, “la situación es insostenible, porque tiene que haber una solución estructural”, acotó.

Otero destacó el apoyo decidido con el envío de papel de países como Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina, México, entre otros; además de la solidaridad internacional que les anima a seguir laborando en un momento único y crucial en la historia del país petrolero.

El Nacional todavía no tiene permiso para importar el papel que necesita, el engorroso sistema de cambio de divisas es el primer obstáculo más el silencio absoluto del gobierno en responder a sus solicitudes para obtener los dólares que se deben canalizar con el burocrático aparato creado por el chavismo.

Otero expuso también con preocupación cómo legislaciones similares que han ido apareciendo, con diferente lenguaje, pero con el mismo objetivo en los países de la órbita heredera por el desaparecido Hugo Chávez, tienen como fin limitar y controlar a través de artefactos legales el trabajo de la prensa crítica.

Este sistema a su criterio es parte de un ensayo que se aplica ya en centro y Sudamérica y varios países ya tienen borradores o empiezan a discutir leyes similares, en coincidencia con su colega ecuatoriano Pérez Barriga.

Este director editorial mira con preocupación cómo los gobiernos autoritarios de décadas pasadas se instauraron rompiendo la constitución, “pero ahora gobiernos supuestamente democráticos lo hacen legalmente, con las leyes que ellos mismos aprueban”, denunció.

Ambos exponentes, moderados por John M. Donnelly, de la organización que les había invitado, coinciden en que tanto en Venezuela como en Ecuador ha imperado desde hace años una estrategia para asegurar el control de los medios de comunicación, las que calificaron como medidas progresivas que tienen dedicatoria de ahorcamiento contra los medios privados “tradicionales”, a la vez que expanden los medios de comunicación pro gubernamentales.

El presidente y editor de El Universo matizó que se avecinan nuevos conflictos con la imposición por parte del gobierno de Rafael Correa de tener su representante dentro de cada periódico con la figura del “Defensor del pueblo”, figura conocida en muchos países como Ombudsman.

El trabajo de la prensa independiente en Venezuela y Ecuador ha estado en la mirilla internacional, atención especial ha merecido la polémica legislación impulsada por el gobierno ecuatoriano, que, según denunció el propietario del principal diario ubicado en el bastión opositor de Guayaquil, ha instalado tribunales especiales para la prensa y, sobre todo, para imponer severas penas a los propietarios en quienes recae la responsabilidad de artículos publicados por sus columnistas y periodistas.