Organizaciones de militares pensionados pidieron ayer al comandante General de la Fuerza Armada que ordene una minuciosa investigación para determinar responsabilidades en la venta de lotes propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) por debajo del precio real a una empresa propiedad del presidente de la Asamblea Legislativa y un asesor de ese mismo órgano del Estado.
También pidieron a la Corte de Cuentas de la República que realice una auditoría especial al proceso de venta de la urbanización Greenside, especialmente a los lotes de la empresa Terrein, propiedad del diputado Othon Sigfrido Reyes Morales y de su asesor, Byron Enrique Larrazábal Arévalo, según un comunicado firmado por la Asociación Salvadoreña de Veteranos Militares (Asvem) y Fortaleza y Representación Militar de El Salvador (Fyrmes).
Por su parte, Militares Pensionados de la Fuerza Armada (Mipfa), en organización, dijeron en una entrevista con El Diario de Hoy, que solicitarán al Consejo Directivo del IPSFA, presidido por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General de Brigada Rafael Melara Rivera, que dé una explicación de lo actuado por el Consejo Directivo respecto de varios inmuebles que fueron vendidos recientemente por debajo del precio real.
El coronel retirado, y abogado, Roberto Hernández Chávez, quien dijo ser representante del Mipfa, aseguró que buscarán por todos los medios legales como la Ley de Ética Gubernamental y el Código Civil, que se anule esas ventas porque lesionan los intereses de todos los militares pensionados por el IPSFA.
Hernández Chávez y el mayor Jorge Batres Cárdenas dijeron que en los próximos días también exigirán la destitución del gerente general del IPSFA, coronel René Antonio Díaz Argueta y de otros directivos porque con la venta en mención existen muchas sospechas de que la institución está siendo mal administrada.
“El IPSFA es la garantía de nuestras vidas. Hemos cotizado por 30 años o más para poder tener un retiro digno. Estamos reclamando nuestros derechos y esto no tiene ningún sesgo ideológico”, afirmó Batres Cárdenas.
Hernández Chávez dijo que también solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que le permita constituirse como parte querellante. “Lo voy a hacer como apoderado de muchos afiliados, como pensionado y como persona natural”, sostuvo el abogado.
Al respecto, Fyrmes y Asvem también exhortaron a la Fiscalía a que continúe con la investigación que, se supone, ya ha abierto sobre el caso.
Las organizaciones antes citadas también criticaron que el ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, en un primer momento haya negado que existiera la venta de los terrenos y días después haya salido justificando tal acción ante los medios de comunicación.
“No sabemos por qué el ministro sale ante los medios negando y justificando la venta, cuando es el Jefe del Estado Mayor Conjunto (de la Fuerza Armada) quien según el artículo 6 de la Ley del IPSFA es el presidente, quien tiene que dar las explicaciones. El ministro no tiene nada que ver en el IPSFA” sostuvo el abogado Hernández Chávez.
“Estamos sumamente preocupados porque desde hace tiempo se viene diciendo que el IPSFA tiene problemas para pagar las pensiones, que está descapitalizado, y ahora nos enteramos de que a pesar de esa crisis está vendiendo propiedades a bajo del precio. Es con nuestra subsistencia que están jugando”, agregó otro veterano militar pensionado. —EDH