La diputada por el partido GANA, Sandra Salgado García, ha sido demandada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por, según denuncia la petición, haber infringido la Constitución al jurar como diputada nacional y tener un contrato con el Estado.
El demandante, Herbert Danilo Vega Cruz, argumenta que la legisladora es accionista de la empresa Sociedad Televisión Oriental, S.A. de C.V. (TVO Canal 23), y que con ello infringe la Constitución, que en su Artículo 127, ordinal sexto, prohíbe a los aspirantes a diputados tener contratos o concesiones con el Estado.
En su demanda, Vega Cruz pide a la Sala declare ilegales los decretos legislativos 1 y 2 de fecha 1 de mayo de 2012, en los cuales se hace la instalación de la Asamblea Legislativa y se elige la junta directiva de la Asamblea.
La legisladora naranja ejerce como secretaria de la junta directiva de esa institución desde 2012 y finaliza en 2015. Ayer se buscó una reacción de ella sobre la demanda, a través de la oficina de comunicaciones de GANA, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
El artículo 127 de la Constitución dice así: “Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para la explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquellos, o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos”.
Vega argumenta que la legisladora aparece como accionista de dicha sociedad mercantil, cuyo representante legal, judicial, además de accionista es el actual alcalde de San Miguel, Will Salgado.
Añade que la diputada es concesionaria del rango de frecuencia de televisión YSWS (Canal 23), según consta en el acuerdo número T-635-2003 emitido por la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (Siget), y el espectro radioeléctrico es un recurso natural que forma parte de la riqueza nacional del país.
“Yo lo he planteado impugnando la toma de posesión de la Asamblea Legislativa y hago ver que ella ya había violado la prohibición del artículo 127, ordinal sexto de la Constitución”, dijo ayer Vega.
El abogado indicó además que está pidiendo que se le ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se abstenga de inscribirla como candidata para las próximas elecciones.
Salgado busca ser reelegida en las elecciones legislativas que se realizarán el 1 de marzo del próximo año.