Un grupo de empresarios de la Ruta 113 de microbuses, que hace su recorrido de Cojutepeque a San Salvador, están en pugna desde hace unas semanas con una de las gremiales de transporte de la zona, al parecer, por las extorsiones que imponen las pandillas.
Uno de los afectados, quien por su seguridad se negó a identificarse, denunció que desde hace unas semanas, una de las gremiales de la Ruta 113 de microbuses le ha dado el ultimátum de que si no pagan la “renta” que exigen las maras, no los dejarán estacionarse en la terminal de reparto, en calle a San Ramón, en Cojutepeque, y en la Plaza Zurita, en San Salvador.
De 10 a 15 empresarios están siendo amenazados por sus mismos compañeros, asegura uno de los afectados.
La víctima manifestó que, curiosamente, las pandillas dejaron de cobrar la extorsión a los microbuseros que de costumbre pagaban semanal, quincenal y mensualmente.
El empresario relató que conscientes de que esa es la única forma de trabajar con tranquilidad y evitar que los pandilleros les maten a sus empleados o que les quemen sus unidades, les pareció extraño que las pandillas desistieran de cobrar la extorsión.
Asegura que de seis a ocho semanas enviaron la cuota de extorsión a las maras, pero que éstas no la recibieron.
Pero no era que las maras habían dejado de extorsionarlos, sino que habían hecho una pausa en el cobro de la “renta” para “institucionalizar” el delito, a través de una asociación de microbuseros de Cojutepeque.
La sorpresa vino, cuando un día de estos, la organización supuestamente elegida por los pandilleros para que les recogiera la “renta”, notificó a cada empresario que adeudaban entre 200 y 300 dólares por concepto de pagos atrasados de la renta a los pandilleros.
“Nos llamó la atención también que después nos salieron diciendo que debíamos cierta cantidad de dinero porque habíamos dejado de pagar, si nosotros les enviábamos el dinero”, expresó el empresario.
Según el quejoso, al parecer, la asociación de microbuseros y los pandilleros establecieron un parámetro para identificar al empresario que estuviera al día con sus compromisos de pagos.
Uno de esos parámetros sería que las unidades en su parabrisas llevarían en “letras grandes” el nombre de la organización recolectora de esos fondos.
Con esa indicación, las pandillas la emprenderían contra los empleados y las unidades de las empresas que no han pagado la “renta” acumulada y la cuota mensual exigida.
Para no ser víctima, la única condición es saldar las cuotas atrasadas y comprometerse a entregar 40 dólares mensuales por unidad, asegura el afectado.
Quien incumpla con lo establecido, está advertido que tampoco podrán hacer meta en Cojutepeque ni en San Salvador.
Con estas acciones, los empresarios sostienen, que no solo se afectarían a los transportistas sino también a los usuarios, pues no tendrán un lugar conocido para tomar el microbús en Cojutepeque ni en San Salvador.
Recientemente, otro transportista se quejó de que pandilleros le exigieron dos mil dólares y le dieron tres días para entregarlos.
El empresario dijo que no tendría opción que dejar de circular para no ser víctima.
Tres asesinatos
Hace menos de dos meses, tres hermanos que trabajaban como microbuseros de la Ruta 113 fueron asesinados por las pandillas, al parecer porque sus patrones habían dejado de pagar la extorsión.
Ahora, con este impasse entre la gremial y un grupo de transportistas de la Ruta 113, temen que la inseguridad y los homicidios dentro de sus unidades se repitan en represalia por la falta de pago.
El empresario Catalino Miranda, de Fecoatrans, lamentó que algunos colegas suyos se estén dejando manipular por las maras, al ser utilizados de intermediarios en un ilícito.
“Esta (la renta) es un tema complicado que ningún empresario, empezando por mí, debe estar de acuerdo”, afirmó.
Agregó que en la actualidad las pandillas o grupos delincuenciales están presionando a las juntas directivas de las rutas para que paguen la “renta”. Para oficializar y discutir estos acuerdos, los empresarios por lo general convocan a reuniones o asambleas generales y cuando alguno se opone a caer en el juego de la delincuencia, algunos colegas suyos lo califican de “rata”.
Con esta calificación, el empresario corre riesgo de sufrir un atentado porque su mismo gremio lo puede delatar ante las pandillas y quedaría indefenso él, su personal y su patrimonio ante las maras.
En ese sentido, Miranda pidió a las autoridades investigar a los malos empresarios que estén chantajeando a los buenos transportistas que luchan por no caer en las amenazas de las pandillas.
Además demandó de las autoridades depurar y procesar a los malos policías que actúan en contubernio con ellos para dañar al sector.
Hay que denunciar
El transportista recomendó a sus similares que están siendo afectados que denuncien estos hechos a la Policía.
“Algunos empresarios temen denunciar estos hechos porque dentro del gremio hay fugas de información sobre quienes pagan o no la extorsión”, subrayó.
“Si hay cooperativas o empresarios que se prestan a esta clase de chantaje, deben ser investigados y sacarlos de el ejercicio empresarial como cualquier otro delincuente más”, puntualizó Miranda.
Agregó que “todo empresario que cobre la renta a un compañero suyo, este sinvergüenza debe ser investigado por las autoridades y que lo metan preso”.
Porque, a su juicio no puede ser que un transportista esté luchando por no caer en las amenazas por no pagar “la renta” a los delincuentes y que un conocido suyo, lo esté llamando rata, tan sólo por resistirse a lo dicho por un delincuente”.
El sector transporte es uno de los tres primeros grupos de víctimas de las extorsiones en el país, según las autoridades.
Aunque las investigaciones no lo determinan con claridad, pero la mayoría de asesinatos en el sector transporte se atribuye al problema del no pago de las extorsiones.
Una situación que para las autoridades en el transcurso de las investigaciones cambia y más bien el móvil resulta ser otro.
Un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en agosto de este año , reveló que el 79 por ciento de los pequeños empresarios salvadoreños estaba siendo extorsionado y que menos de dos de cada diez se atrevía a denunciar a los chantajistas.
El delito de la extorsión parece no ceder, pese a los esfuerzos de la Policía y Fiscalía por desarticular las estructuras dedicadas a este flagelo.
A diario, en cada operativo policial, los extorsionistas son de los principales capturados.
Las autoridades aseguran que más del 90 por ciento de los casos de extorsión que son denunciados, los implicados son capturados y condenados en juicio.
El peor error que puede cometer una víctima es empezar a pagar la “renta”, porque después los delincuentes ya no le darán tregua, pues ya la tienen ubicada y han medido su nivel de fragilidad para ser intimidada.
Sin embargo, nunca es tarde para denunciarlos, advierten.