La Sala de lo Constitucional ordenó ayer a la Fiscalía General de la República que investigue un posible fraude vinculado a un amparo presentado por una funcionaria del Seguro Social (ISSS) que fue despedida.
El 11 de julio, la Sala de lo Constitucional acordó admitir para su estudio la solicitud de amparo presentada por Suria Geraldine Portillo de López, quien alegó que fue cesada sin el debido proceso.
La Sala consideró que se encontraron evidencias de que Portillo de López “fue destituida de su cargo sin habérsele tramitado previamente un procedimiento en el que pudiera ejercer su defensa”.
Pero el Consejo Directivo del Seguro Social denunció haber recibido una aparente resolución de la Sala, en la que se les acusaba de posible desobediencia y se exigía ala Fiscalía iniciarles una investigación.
El Seguro Social no se quedó de brazos cruzados y pidió a la Sala de lo Constitucional que aclarara ese fallo.
Los constitucionalistas aclararon no haber girado ninguna resolución al Ministerio Público para investigar al Consejo Directivo del ISSS por supuesta desobediencia a un mandato suyo.
“Se desconoce cuál es el origen de ese documento y las razones por las que el Consejo Directivo del ISSS recibió la supuesta notificación”, aclara un comunicado de la Sala en mención.
En ese sentido la Sala demandó de la Fiscalía una investigación en cuanto a la posible falsificación de una de sus resoluciones y deduzca la responsabilidad penal derivada del hecho.
La falsificación de la resolución de la Sala de lo Constitucional fue denunciada por el abogado Daniel Rodrigo Chacón Ramírez.
El profesional pidió a los magistrados que aclaren la confusión que generaron dos resoluciones de ellos, fechadas el 6 y 24 de octubre de 2014, pues parecían contradictorias la una de la otra.
En respuesta al abogado Chacón, la Sala respondió que los tribunales no pueden variar sus resoluciones que pronuncien después de que han adquirido firmeza.