En comparación con 2013, las violaciones a la libertad del ejercicio periodístico se incrementaron en el país en este año, según lo reveló ayer Juan Coronado, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
A un día de que termine este año, la gremial registra 28 “agresiones” cometidas en igual número de reporteros de distintos medios de comunicación, 20 más que los contabilizados el año pasado, cuatro de estos casos fueron cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Como APES advertimos que hay un incremento en los casos de agresión, y, precisamente, destacamos esas agresiones, esas limitaciones por parte del cuerpo encargado de la seguridad de la sociedad, que ha cometido cuatro agresiones directas en contra del ejercicio periodístico”, afirmó Coronado.
La APES ha dado seguimiento a los casos de los periodistas Óscar Martínez, del periódico digital El Faro y Jorge Beltrán, de El Diario de Hoy, quienes fueron detenidos por la Policía cuando realizaban investigaciones periodísticas.
Las violaciones que la APES más ha identificado son: amenazas, intimidaciones, obstrucciones y limitantes a la labor que ejercen los periodistas.
Los sectores que han incurrido en estos hechos, además de la PNC, son: el sector judicial, sindical, partidos políticos, medios de comunicación y funcionarios públicos.
De este último grupo, la APES destaca como “agresión verbal y mediática” al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por “falta de sentido ético… por el tipo de investidura que él tiene”, afirmó Coronado.
Reyes calificó, en una entrevista de la Televisión Legislativa, de “miserable” el salario de Fernando Romero, de La Prensa Gráfica, en represalia por las publicaciones que ese medio escrito hiciera de las adquisiciones que Reyes hizo de lotes al Instituto Salvadoreño de Previsión Social (IPSFA), junto a su exasesor legislativo y socio en la empresa Terrein, Byron Larrazábal.
“Sin reparar la falta de ética en que incurrió el funcionario público de primer nivel”, reza el cuadro resumen de casos, presentado ayer por la APES.
También se registran los casos de intimidación por resolución judicial en contra de Jessica Ávalos, periodista de La Prensa Gráfica y la detención policial del director del periódico Colatino, Francisco Valencia.
Además, la APES reportó el asesinato de Carlos José Orellana, camarógrafo del Canal 99 de Usulután el 12 de julio, cuyo caso se encuentra en proceso de investigación.
Las agresiones físicas y verbales en contra de reporteros por parte de sindicalistas de la alcaldía de Mejicanos y de simpatizantes del edil de Ilopango figuran, también, entre las denuncias.
En el informe revelan agresiones cibernéticas, como la usurpación de la cuenta de Facebook de Ingrid Rendón, presentadora del Canal 33, y de Twitter, de Liliana Fuentes Monroy, corresponsal de oriente de La Prensa Gráfica.
Pese a esto, la APES calificó de logro la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero también cuestionó que los comisionados del Instituto hayan decretado “reserva” a la información de los viajes del expresidente Mauricio Funes.
Otra de las críticas es que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le reste facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública.