“Debemos pasar de lo institucional a la acción para enfrentar al funcionario corrupto”

Con este análisis sobre la transparencia y acceso a la información pública en 2014, desde la visión del coordinador de Funde-ALAC, comenzamos una serie de entrevistas con personajes clave para la democratización del país

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Debemos pasar de lo institucional a la acción para enfrentar al funcionario corrupto

Por Edmee Velásquez politica@eldiariodehoy.com

2014-12-20 8:00:00

En 2014, la transparencia cobró un rol más protagónico empujado desde diferentes sectores de la sociedad que exigieron cuentas a los funcionarios públicos en el buen uso de los bienes del Estado.

Roberto Burgos ha sido uno de los personajes que ha exigido rendición de cuentas y acceso a la información, en representación del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC, siglas en inglés), oficina de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Burgos hace un breve análisis de cómo la transparencia y el acceso a la información se han desarrollado en el país.

En materia de transparencia ¿qué ha sido lo mejor de 2014?

Lo mejor ha sido que las instituciones encargadas de velar por el derecho del acceso a la información pública y, por lo tanto, de prevenir la corrupción, existan, siguen funcionando particularmente el Instituto de Acceso a la Información Pública, es una institución que ha demostrado altos niveles de independencia, de responsabilidad con el mandato que se le ha asignado de ser el ente rector en materia de derecho a acceso de información pública, y a través de sus resoluciones durante este año ha incursionado en temas que hasta hace poco tiempo eran desconocidos para la sociedad salvadoreña.

Ejemplo de ello son los accesos a correos electrónicos de cuentas gubernamentales de funcionarios públicos tanto en el Órgano Judicial como en el Ejecutivo, además el IAIP también resolvió de manera muy amplia y garantista frente a los derechos fundamentales de información y respuesta en temas como acceso al registro público de vehículos en el cual sentó un precedente muy importante de que cualquier persona puede acceder a la información contenida en dicho registro de manera gratuita, lo cual es muy distinto a solicitar una certificación.

También el IAIP a través de las audiencias de allanamiento que son audiencias privadas entre los que piden información y las autoridades requeridas, llegó a arreglos conciliatorios en casos de desacuerdo entre la administración y los ciudadanos que pedimos información y así muchos casos en los que el IAIP se ha ido imponiendo.

Todavía necesita mayor presupuesto pero creo que para este año la mejor noticia es que el IAIP exista, está funcionando y tenemos amplias expectativas de la sociedad civil sobre este. Nos quedan en deuda otras instituciones como el Tribunal de Ética, que aún no sale del letargo institucional; también la Fiscalía queda en mora frente a la sociedad salvadoreña en casos como el de Francisco Flores, el de tráfico de armas en la Fuerza Armada, queremos ver resultados y no solo procesos mediáticos.

¿Cómo ha contribuido Funde -ALAC en estos avances que ha tenido la transparencia este año?

Desde Funde y particularmente desde el área de transparencia a la que pertenezco, nosotros hemos hecho propia esta concepción de que el derecho de acceso a la información pública es una afirmación radical del poder ciudadano, no hay espacios para términos medios y los usuarios del área de transparencia y de ALAC saben que vamos a asesorarles y acompañarles en la búsqueda de la información que la gente considera pública y que les va a permitir contar con información relevante para controlar el poder.

Esa es la concepción que hemos defendido a lo largo del año. Desde la organización global a la que pertenecemos, hemos tenido todo el apoyo para ello, y Funde además ha puesto en práctica una trayectoria de más de diez años en trabajo por la transparencia a nivel local e internacional, y hemos acompañado más de 500 casos de acceso a la información pública, hemos emitido informes periódicos, recomendaciones, pero también hemos hecho uso de las instituciones como la Sala de lo Constitucional, el Tribunal de Ética, las diferentes oficinas de información y respuesta que existen, hemos presentado muchísimas apelaciones y el balance que hacemos es positivo.

¿Qué piensa que se debe hacer en 2015 para mejorar la transparencia?

Tenemos grandes retos. En primer lugar, incentivar a más personas para que ejerzan su derecho al acceso de información. También tenemos una preocupación particular en cuanto a la responsabilidad de las instituciones contraloras, no basta solo con que existan y tengan un marco regulatorio, que por ejemplo diga que la Corte de Cuentas va a evaluar el gasto público o que la Fiscalía cuenta con una unidad anticorrupción o que el TEG ha capacitado a cientos de servidores sobre la ley de Ética. Debemos pasar de lo institucional, que sigue siendo débil, a la acción para enfrentar al funcionario corrupto. Es decir, debemos erradicar la impunidad en esta sociedad, antes que sea demasiado tarde y nos vayamos a convertir en un funcionario fallido.

Particularmente el otro año tenemos retos en casos puntuales. Es necesario delimitar con mayor claridad los ámbitos de secreto y transparencia en carteras como Defensa Nacional, Seguridad Pública.

Además, de manera urgente es necesario proceder a un escrutinio ciudadano sobre los fondos que se entregan a la Federación Salvadoreña de Fútbol, estamos hablando que en los últimos diez años se han entregado más de 11 millones de dólares y vemos que los resultados son poco prometedores.

Y particularmente también tenemos grandes retos en la sensibilización de funcionarios públicos. Todavía se sigue percibiendo al ciudadano que requiere información y particularmente a Funde, que a través de su ALAC es muy activa en esto, como un enemigo público del Gobierno, como un opositor encubierto. Creemos que el ejercicio de los derechos fundamentales lejos de debilitar a un gobierno, lo fortalecen a medida que este responde a las expectativas ciudadanas.

¿Y cómo ve ese hecho que desde la administración anterior, si bien se jactan de que han impulsado la Ley de Acceso a la Información Pública se muestran menos tolerancia a ser fiscalizados y a las críticas que se les hacen cuando se tiene conocimiento de ciertos casos a raíz del acceso a la información?

De hecho hay una percepción dentro de algunas autoridades del Gobierno a pesar de los mensajes del presidente cuando asume su cargo de que está dispuesto incluso a revisar las reservas de información heredadas del Gobierno pasado, también ha habido un mensaje de mayor diálogo.

Sin embargo, ese mensaje no siempre ha sido asumido de manera responsable por los funcionarios de su mismo gobierno. Me refiero a unas carteras de Estado, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción desde las cuales se ataca a la Funde cuando acompaña a ciudadanos en el ejercicio del derecho de acceso de información pública.

Esto parte de la concepción de algunos que la aprobación de la Ley de Acceso les da un trato preferente o más blando desde la sociedad civil, como si hubiese sido más que el reconocimiento y validación que se le da al ciudadano cuando la realidad es totalmente lo contrario.

Con la Ley de Acceso a la Información Pública el Estado salvadoreño no hizo otra cosa que ponerse al día con sus obligaciones internacionales… Entonces no le debemos nada al Gobierno, ni a los políticos ni mucho menos a los partidos políticos.