El propietario de un inmueble donde funcionan las oficinas administrativas de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad, demandó al concejo que preside Nayib Bukele ante un tribunal de lo Civil porque no le ha pagado varios meses de alquiler.
El demandante pidió al Juzgado de lo Civil de Santa Tecla que ordene “la inmediata desocupación” y el pago de lo adeudado.
Además, solicitó que se realice el pago de los daños ocasionados al inmueble por supuestas modificaciones que se han realizado sin la autorización del propietario y el pago de los gastos que acarree el proceso.
La petición fue presentada por el abogado Edgar Armando Chávez González, apoderado legal del propietario del local, Óscar Nicolás Domínguez Franco, según la demanda.
El Diario de Hoy llamó a la comuna demandada, pero una persona que solo se identificó como María Antonieta dijo que la alcaldesa en funciones, Michelle Sol, que suple a Bukele temporalmente, “estaba en una reunión y que respondería más tarde”.
A juicio del abogado, la comuna incumplió con varios acuerdos que estaban establecidos en el contrato, lo cual es motivo suficiente para la desocupación del inmueble.
Chávez González afirmó que la comuna de Nuevo Cuscatlán ha acumulado una deuda de 800 dólares por las cuotas de alquiler de octubre, noviembre y diciembre, y un remanente de otro mes.
En la demanda el profesional pidió al Juzgado de lo Civil de Santa Tecla el “pago de los cánones (cuotas) de arrendamiento adeudados, la inmediata desocupación del inmueble, pago de los daños ocasionados al inmueble por las modificaciones realizadas sin autorización y los costos procesales”.
“Ambas partes acordaron en noviembre de 2013, que de incumplirse lo establecido en el contrato, este finalizaría de inmediato aunque no se haya vencido. Sin embargo, el pasado 10 de diciembre caducó y aún se adeuda parte de las cuotas”, explicó Chávez Palacios.
El abogado declaró que desde noviembre pasado hubo pláticas con el Concejo de Nuevo Cuscatlán para que entregaran el inmueble, pero en la alcaldía no contestaron el teléfono y cortaron comunicación con el dueño del inmueble, según el abogado.
Los incumplimientos del contrato
La demanda de terminación de contrato detalla que el 10 de diciembre de 2013, el propietario del inmueble firmó un contrato de arrendamiento de la propiedad, situada en la 3a. Calle Oriente, número seis, del barrio El Centro, en Nuevo Cuscatlán, con la finalidad de la instalación de talleres de artesanías, cursos de computación e inglés y enseñanzas académicas.
Sin embargo, el abogado afirma que la comuna no respetó varias cláusulas que estaban en el documento que fue firmado por el síndico y representante legal de la alcaldía, Héctor David Meléndez Ayala.
“El inmueble no podía ser utilizado para un fin diferente al estipulado. Eso lo establecía la cláusula 1 del contrato y debía de respetarse. Mi cliente alquiló el local para los talleres vocacionales; sin embargo, al segundo mes nos percatamos de que estaban funcionando las oficinas de la Alcaldía”, declaró el abogado.
La demanda también establece que la comuna aparentemente violentó la cláusula IV y V de la Literal C, la cual hacía una prohibición expresa para que el arrendatario hiciera modificaciones al inmueble sin el consentimiento previo del propietario.
El abogado declaró que el dueño del local tenía el derecho de “inspeccionar o designar a una persona para verificar el buen estado del inmueble y cumplimiento de lo acordado en el contrato, siempre que mediara un aviso con días de anticipación”, pero en la práctica eso se irrespetó.
Pide peritaje privado ante negativa de ingreso
En la demanda, el abogado pide al juez que autorice un peritaje privado para determinar los daños al inmueble. Adjuntó la fotocopia certificada por el notario del contrato de arrendamiento entre el demandante y el señor Héctor David Meléndez Ayala como síndico y por consiguiente representante legal de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán.
También, los testimonios de María Agustina Domínguez y Omar Alexander Alemán Domínguez, con los cuales pretende el demandante probar que la señora Glendy Hernández, secretaria municipal de Nuevo Cuscatlán, “les niega el derecho de inspección en el inmueble, no obstante haberlo solicitado con la antelación y figurar en el contrato”.