Una tarea pendiente para la Funde-ALAC en 2014 es contribuir en delimitar el uso de la reserva de información que según establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) debe ser, no solo oficiosa, sino pública.
Es ahí donde Roberto Burgos, coordinador de dicha institución, que menciona como se ha mal utilizado el secretismo en varios casos que han salido a la luz pública en donde se cuestiona no solo la ética sino la transparencia.
Uno de ellos es la reciente compra de terrenos por parte de la empresa del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y su ex asesor Byron Larrazábal.
Dice que si se ha abierto investigación tanto en la Fiscalía como en el Tribunal de Ética, la ciudadanía tiene derecho a saber que avances existen, porque si se hacen investigaciones secretas de un caso público, “da la sensación que hay arreglos sobre la mesa”.
En el caso de la información que ha sido reservada por Casa Presidencial sobre los viajes del ex presidente Mauricio Funes y la exprimera dama, informes de auditoría, gastos de publicidad y costos de atención de diplomáticos, Burgos señala que la única explicación para que se mantenga la reserva es porque aún se está haciendo uso de ella.
Manifiesta que sí hay interés en saber cómo se gastaron esos recursos del Estado y considera que no hay una justificación para mantenerla oculta pues no está en peligro la seguridad de ningún funcionario.
Además cuestionó el hecho que durante la audiencia final, donde se pide quitar la reserva de estos datos, el apoderado de la Presidencia pidió que también fuera reservada y se negara el acceso a los medios, la que luego retiró.
“Esta es una prueba de que el tema de la transparencia a veces no pasa del discurso y de la campaña publicitaria, queremos llevarlo a la realidad… El secreto debería de ser la excepción y no la regla en un Gobierno. Se está abusando”, aseveró.
Burgos señala que hay instituciones que tienen amplios índices de información con reserva como la Corte de Cuentas, la Presidencia de la República, la Fiscalía General, Cel, entre otras.
Asimismo, lamenta que los funcionarios usen a la Sala de lo Contencioso para no cumplir con los fallos del IAIP, cuando la ley es clara que esa facultad es únicamente para los ciudadanos cuando se les niega información o no se sienten satisfechos.