Los homicidios, asaltos y extorsiones han sido el pan de cada día en el transporte de pasajeros a nivel nacional durante 2014, que ha dejado pérdidas por unos 36 millones de dólares.
Las cifras de la violencia que les atañe son escalofriantes, pues en el periodo se han registrado más de 86 ataques armados, los cuales han dejado 60 homicidios y 80 heridos en el interior de sus unidades. Todos esos hechos han creado pánico y terror en los pasajeros que a diario se movilizan en el transporte colectivo.
La situación se torna compleja tomando en cuenta que el 85 por ciento de los salvadoreños se traslada de sus hogares a sus trabajos o centros educativos en el transporte público.
El representante legal de la Asociación de Empresarios de Transporte Público de Pasajeros (ATP), Roberto Soriano, afirmó que debido a la inseguridad, estiman que un 20 por ciento de los usuarios ha dejado de viajar en buses o microbuses.
Como alternativa, han comprado vehículo, se organizan con sus vecinos para viajar en transporte privado o piden “ray”.
A las sombrías cifras criminales se suman las extorsiones y las amenazas de muerte. “Primeros siembran el terror y luego piden lo que quieren”, afirmó Catalino Miranda, agremiado de Fecoatrans.
Entre tanto, Soriano afirmó que las extorsiones en algunos lugares del país se incrementaron entre un cincuenta y un cien por ciento, pero en promedio, a nivel general los chantajes subieron un 60 por ciento con respecto al año 2013.
En diciembre, los sujetos no se conforman con el monto que reciben de los empresarios, sino que piden dos, tres y hasta cuatro tantos más para hacerse el aguinaldo y un bono.
“La inseguridad es tanta que la poca labor de la Policía no es reflejada en un poco de tranquilidad”, explicó Miranda.
Para Álvarez, la respuesta de las autoridades a este flagelo no les satisface a los empresarios, pues a su juicio, los planes de seguridad como bus seguro y antiextorsiones no han funcionado porque capturan a 10 y quedan 20 que siguen cobrando la renta y tomando represalia con quien los denunció.
Los representantes de Fecoatrans y ATP estiman que la delincuencia les arrebata 36 millones anuales por extorsión, equivalente a entre 1.5 y 3 millones de dólares diarios.
Estas cifras no nacen de la especulación, defiende Catalino Miranda, sino de los pagos de la extorsión, pero además se adicionan otros rubros, como adelantos de dinero para pagar abogados, cubrir costos de funerarios de compinches o familiares de estos.
El representante de Rutas Unidas Salvadoreñas, Juan Pablo Álvarez puntualizó que sólo en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín los transportistas por ruta pagan casi tres millones de dólares por extorsión, a esto se suman los aguinaldo que en general asciende a nueve millones.
A parte de los grandes erogaciones están los costos extemporáneos, que van de cinco a 10 dólares diarios por unidad. La flota que presta el servicio en el país es de 10 mil 500 microbuses y tres mil autobuses.
La inseguridad que abate a los transportistas no está en un solo lugar dicen los empresarios, porque cuando la Policía los presiona en un sitio, los delincuentes se mueven a otro sector.
Sin embargo, Zacatecoluca, Apopa, Soyapango y Colón figuran entre los municipios más violentos en la trayectoria que siguen buses y microbuses.
“En el tema de las extorsiones los centros penales operan como verdaderos Call Center desde donde se registran llamadas telefónicas a las víctimas”, explicó Miranda.
Para combatir este flagelo, los agremiados demandan no solo la presencia de agentes policiales en la calle sino de personal especializado con una preparación exhaustiva de guerra para enfrentar a estos grupos.
A juicio de Miranda se ha avanzado en el trabajo que se realiza contra estos sujetos, pero también hay que reconocer que la misma Policía está siendo blanco de los ataques de la delincuencia.
Las cifras de los hechos lo confirman, más de 35 agentes policiales que han sido asesinados en el año.
“Ellos al igual que los transportistas son los blancos más fuertes que hemos tenido en el 2014”, afirmó.
De ahí que se requiere modificaciones legales de los diputados para proteger al Ejército y la Policía, dándoles más armas para que se puedan defender cuando tengan que enfrentarse con criminales.
El Consejo de Seguridad Nacional debe trabajar en los procesos de reinserción y rehabilitación, sobre todo en las escuelas.
Para mejores resultados y una acción más contundente se debería establecer más coordinación entre los tres ministros: Justicia, Defensa y Transporte, para adoptar acciones contra estos criminales.
Pero mientras las autoridades se ponen de acuerdo, la inseguridad que impera en el sector, obliga que varios empleados renuncien, para ir a buscar trabajos más seguros.
Esta situación pone en dificultad a las empresas por la inestabilidad de sus empleados.
“Necesitamos apoyo interinstitucional de la PNC y la Fuerza Armada”, afirmó Miranda.
Inversiones en tecnología
La tecnología es una de las opciones que tienen los empresarios para minimizar la ola delincuencia, pero para obtenerla se requiere de millonarias inversiones.
Solo una empresa ha invertido un millón 200 mil dólares en adquisición de cámaras de videovigilancia.
Estos dispositivos son instalados en puntos estratégicos de los microbuses o autobuses para captar a los delincuentes que asaltan a los pasajeros o cometen otros ilícitos dentro de las unidades.
Pero no todos los transportistas están en capacidad de realizar inversiones, pues no cuentan con capital ni condiciones crediticias para obtener préstamos.
En ese sentido solicitan al gobierno que promueva en los bancos líneas de créditos a intereses blandos para que más empresarios instalen equipo de videovigilancia en sus unidades.
El clima de violencia en el país debe ser enfrentado por todos los sectores empresariales y el Estado debe respaldar sus iniciativas en ese rumbo.
Gracias a la tecnología en algunas rutas que la han adoptado, los robos se han reducido en más de un 90 por ciento. Las rutas más seguras por este tipo de tecnología son las que recorren de la capital a Santa Tecla, Merliot, Zaragoza, La Libertad, Quezaltepeque y Cojutepeque, según el empresario.