Ni un solo juez que ha sido sancionado por el Departamento de Investigación Judicial, por supuestamente haber cometido una falta administrativa, hasta octubre pasado, según la Oficina de Información (OIR) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las sanciones para los jueces que no realizan adecuadamente su trabajo, deben decidirse en las reuniones de Corte Plena (sesiones de los 15 magistrados de la CSJ); sin embargo, poco se agenda las propuestas de los jueces sancionados.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, lamentó que la Corte Suprema no haga un trabajo adecuado en un tema como la depuración judicial que es de mucho interés para los salvadoreños.
“Es un tema que nos ha pedido el país desde hace muchos años. Para sancionar a un juez se debe tener como mínimo ocho votos y muchas veces no sé tienen en las sesiones de Corte Plena”, explicó el magistrado.
González sostuvo que a veces sí se sanciona con tres días sin goce de sueldo a los jueces. Sostiene que en ocasiones se destituyen a juzgadores cuando se comprueba que hay conductas ilegales.
“Esas sanciones son dos casos por trimestre. En Corte Plena no hay acuerdos y eso es grave porque no se está limpiando el sistema judicial del país”, acotó González.
El magistrado detalló que muchas de las denuncias contra los jueces es el por descontento que existe en cualquiera de las partes por las sentencias. Sin embargo, aclaró que no todas las denuncias son por esa causa.
“En Corte Plena algunos magistrados expresan que la denuncias son porque las personas no quedaron conformes con las sentencias que emiten los jueces y le restan importancia al tema. Sin embargo, con esas expresiones están tomando una actitud proteccionista, lo más idóneo es revisar la denuncia y verificar si efectivamente el denunciante tiene fundamento o no”, dijo.
Agregó que “hay que oír a los testigos y revisemos la documentación. Eso se debería de hacer en cada caso. La Sala de lo Constitucional recibe cerca de dos mil denuncias por año y ahora por qué no sé puede procesar 600 denuncias contra jueces que se reciben al año”, declaró el magistrado constitucionalista.
El magistrados aseveró que “sí la Corte Plena se dedicara a trabajar en ese tema bajo una visión de país, se avanzara en la limpiar el sistema judicial”.
“Hay buenos jueces, pero también hay malos en el Órgano Judicial. A los que nos consideramos buenos jueces no nos conviene que estén estos malos juzgadores porque nos siguen enlodando”, agregó el funcionario.
González explicó que en muchos casos ya se tiene la sanción y resuelto el caso y se “escuchan frases como pobrecito este juez está enfermo”. Eso no debería de suceder. Sí alguien cometió una falta o delito debe de responder ante la ley y ser sancionado a esa situación”.
Jueces de Paz y Sentencia los más denunciados
Según la OIR, los jueces de Paz son los más denunciados, de enero al 20 de octubre, suman 44 quejas. Seguido por los de Sentencia que ascienden a 36.
También los jueces de lo Civil, Familia, Instrucción suman 60 denuncias entre los tres tipos de juzgadores, aunque la Corte Suprema no detalla la identidad de los juzgadores violando incluso la última resolución de la Sala de lo Constitucional que avala hacerlo.
En tanto, los magistrados de Cámara, jueces de Menores, Laboral, Primera Instancia, Menor Cuantía y de Vigilancia Penitenciaria, son los menos denunciados. En total no sobrepasan las 20 quejas.
Los datos oficiales de la Oficina de Información, también afirman que cuatro magistrados de la Corte Suprema han sido denunciados en el Departamento de Investigación Judicial.
“Hago saber que se ha dado el trámite correspondiente a las denuncias presentadas y a la fecha no se ha sancionado a ningún funcionario judicial cuya denuncia haya ingresado al Departamento en el periodo comprendido del 1 de enero al 20 de octubre de 2014”, afirma la OIR.
La referida oficina detalla que el Departamento de Investigación Judicial ya finalizó 38 denuncias “por no encontrarse los elementos suficientes para continuar la investigación o por tratarse de temas puramente jurisdiccionales, los cuales escapan de la competencia de la Corte Plena establecida en la Ley de la Carrera Judicial”.
Ordenan sin reserva las investigaciones a jueces
El pasado 14 de octubre la Sala de lo Constitucional de la CSJ, estableció que los procesos de investigación seguidos a jueces y magistrados, así como otros funcionarios judiciales podrán ser conocidos por la población.
El Tribunal Constitucional estableció que el artículo 110 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) derogó tácitamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que contrariaran las reglas o principios creados por la dicha ley, salvo algunas excepciones que no incluyen “reservas” sobre los funcionarios judiciales.
En ese sentido, a juicio de la Sala, quedó sin vigor el artículo 70 de la Ley Orgánica Judicial que le otorgaba el carácter de “reservado” a la información de los procesos contra jueces.
El magistrado González explicó que se le dio validez a la nueva ley como se practica en el ámbito judicial.
El profesional subrayó que deben de publicarse los nombres de los funcionarios procesados para que el pueblo los conozca.
“Estamos claro que no se va publicar el domicilio, número de teléfono y otros datos personales de los jueces, esos son datos privados. Pero por qué se va impedir que los medios de comunicación conozcan quiénes son los más denunciados, por algo será. Se debería de publicar que de los 700 funcionarios judiciales, estos 100 son los más denunciados”, añadió.
El profesional indicó que regularmente las conductas porque más son señalados los jueces es por prevaricado (dictar una sentencia fuera de la ley); cohecho (pedir dinero) o infracciones administrativas como no cumplir con los plazos, no llevar en orden los libros, no cumplir con horarios, acoso a los empleados y otros.
“Se da un argumento de presunción de inocencia y razonan que la denuncia sea por calumnia y al final el juez es absuelto, fácil, se da a conocer cuando se pone la denuncia y cuando es exonerado y se limpia su nombre del juzgador acusado”, subrayó el magistrado constitucionalista.
El Tribunal Constitucional ordenó que esta decisión se le notifique a la Corte Suprema de Justicia en Pleno, al Oficial de Información de dicha Corte, al Jefe Departamento de Investigación Judicial y al Instituto de Acceso a la Información Pública, a efecto de aclarar a dichas autoridades que no existe una reserva de la información en los procedimientos administrativos sancionatorios contra los miembros de la carrera judicial.
Sin embargo, el Departamento de Investigación Judicial a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ (OIR), se niega a revelar las identidades de los juzgadores denunciados y el detalle de las causas de las denuncias.
Sólo se limita a informar que las causas más comunes son: omitir o retardar injustificadamente los asuntos del despacho e incumplir por descuido o negligencia los términos procesales.