“La Corte de Cuentas está dejando pasar demasiado” Claudia Umaña Araujo

Para la abogada, en el país hay avances como mayor acceso a datos públicos, pero CCR, Probidad y TEG deben luchar contra la corrupción

descripción de la imagen
La Corte de Cuentas está dejando pasar demasiado Claudia Umaña Araujo

Por Por: Mirella Cáceres

2014-12-10 7:00:00

En el marco de la “Semana de la transparencia y lucha contra la corrupción”, Claudia Umaña Araujo, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), una de las que organizan este evento, hace un análisis sobre los avances y los desafíos en esta materia.

Para la abogada, la corrupción es “sumamente dañina”, porque hace confiar menos en las instituciones democráticas y en los actores políticos, además que detiene el crecimiento económico. En el país ha habido avances, dice, pero también es necesario trabajar por que la gestión pública sea más transparente, por que las instituciones responsables de vigilar el correcto uso de los recursos públicos tomen pasos decididos y cumplan la ley; y menos funcionarios se resistan a compartir información pública y vivir en la sombra.

El país saca puntaje 39 en el Índice de Percepción de la Corrupción. ¿Qué retos nos impone esta medición?

Es una evaluación que mide percepción en el sector público y está basado en encuestas, y nos deja desafíos como país. En El Salvador hay múltiples instancias que deben combatir este flagelo y bajo un enfoque sistémico, porque solo así se pueden modificar los incentivos perversos que existen en este momento. Continúa la poca incidencia que tiene el sistema en prevenir la corrupción. Por ahora hemos visto que las pautas éticas no se están siguiendo, que hay conflictos de interés que no se denuncian, hay todavía una cultura débil de denuncia y una cultura débil de las instituciones de aplicar la ley.

¿Qué ejemplos hay?

Al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) se le modificó la ley para que pudiera actuar de oficio y lo ha hecho en un caso que yo conozca, se habló hace unos días de iniciar una fase preliminar para investigar (compra de tierras al IPSFA); todavía no vemos esos pasos decididos… Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos siguen siendo reservadas… Cómo es posible que puedan tener empresas muy fuertes en determinadas áreas si los funcionarios tal vez no entraron con esos fondos. Por eso DTJ junto a otras ONG hemos presentado un anteproyecto a la Asamblea Legislativa para que se pueda actualizar la ley de enriquecimiento ilícito, que todavía es de 1959, está basado en otra realidad y el país ya es suscriptor de convenios internacionales que dan la pauta para que tengamos una ley moderna y no una de la cual todavía gozan algunos funcionarios que quieren dedicarse a no cumplir los estándares éticos y legales y vivir en la sombra.

¿Y qué otras debilidades ve?

También hace falta una ley de la función pública, que hayan políticas de empleados competitivas, que a los funcionarios se les contraten por méritos y capacidades… y también hay serios problemas en el sistema de compras de gobierno, la ley Lacap se les fue desmejorando en su calidad de manera que ahora ya hay más contrataciones directas, es decir, se les fue erosionando el espíritu original de trámites de que no se hiciera estos excesivos usos de urgencias. Como que hay poca planificación. Y, por el otro lado, se abren las posibilidades de hacer contrataciones de empresas amigables. Cuando uno ve estos temas, sabes por qué tenemos el 39 (en puntaje).

¿En qué se está fallando?

Uno quisiera que en todos estos casos emblemáticos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) tuviera una participación verdaderamente seria, ágil, muy transparente; que el TEG actuara con mayor vigor, que el IAIP siga ganando fortaleza para poder mantener su independencia. De la Sección de Probidad de la CSJ estamos esperando que pueda actuar de una manera más robusta y por eso se requiere de cambios legislativos.

¿Ha visto cambio en la actuación de la CCR frente a irregularidades que salen a la luz?

Por años la falta de independencia y su politización han dado resultados bastante débiles… Desde que fue fundada tiene un rol bastante fuerte: mantenerse independiente, que la política no la alcance, que tenga realmente funciones de control de los fondos, que tenga las personas adecuadas para hacer las investigaciones y logre recuperar las cantidades que tal vez fueron mal utilizadas, y las sanciones impuestas… Hasta ahora no le he visto esa robustez en casos que se han estado llevando en este momento. Es importante que se transparenten elementos que han estado en la oscuridad, como qué criterios usa el IPSFA para el valúo de inmuebles que vende.

¿Vigilar si cumplen procesos?

Y sobre todo el carácter preventivo de la CCR. Porque en este caso que sale a la luz ya los hechos han sido consumados, pero, ¿a dónde está el rol preventivo de la CCR? Allí uno dice: la CCR no está utilizando sus recursos en casos importantes, sino que está dejando pasar demasiado.

¿Va por buen camino la LAIP?

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha sido un gran logro que vino del esfuerzo de la sociedad civil. Tiene (el IAIP) una conformación inédita porque los miembros (del IAIP) vienen de la sociedad civil y eso le da la fortaleza para mantener su independencia. Sin embargo, hay casos bastante notorios en los que las instituciones quieren evitar las resoluciones del Instituto como la denegatoria de la Asamblea de dar información sobre sus asesores. Ese tema tiene que seguir en el ojo público… ha habido algún nivel de información bastante incompleto, no sabemos por partido político ni sus profesiones, ni que hacen para enriquecer la labor legislativa. Lamentablemente, hay instituciones que han encontrado la manera de evitar el cumplimiento tramitando casos ante la Sala de lo Contencioso.

¿Qué nos trajo la ley?

Ahora hay más información, en los portales de la que había antes; sin embargo, vemos una excesiva justificación de reservas de información. La ley estaba basada en el principio de máxima publicidad… en cambio, vemos ese uso excesivo de reserva que ha mantenido bastante información en la oscuridad que incluye viajes de la anterior presidencia y de la actual. Todos gasto en publicidad es reservada, misiones oficiales y sus beneficios también en ciertos órganos. Eso lo que genera es una aplicación de la ley muy parcial, por eso hay que seguir impulsando que el límite de lo público se vaya ensanchando y lo reservado se vaya reduciendo.