Para el próximo 22 de diciembre ha fijado la fecha el Juzgado Primero de Paz para la lectura de la resolución que permita determinar si existe o no responsabilidad civil por parte del exministro de Salud Pública, José Guillermo Maza, en las supuestas irregularidades detectadas en las construcciones de los hospitales Santa Gertrudis de San Vicente y San Pedro de Usulután.
Para establecer si el exfuncionario debe pagar o no por la responsabilidad civil, el Juzgado Primero de Paz realizó desde el miércoles pasado una audiencia especial que culminó ayer, y al final de la misma se programó para el próximo 22 de diciembre la lectura de la resolución.
Los fiscales del caso han pedido al referido tribunal que Maza cancele 423,505 dólares como responsabilidad civil, por los supuestos daños ocasionados al Estado en la reconstrucción de los hospitales de San Vicente y Usulután.
La petición fiscal detalla que Maza debería de pagar 292,146 dólares por supuestos daños al hospital San Pedro de Usulután y 131,505 dólares, por el hospital Santa Gertrudis de San Vicente.
La oficina de prensa del Centro Judicial informó que Maza es procesado por los delitos de falsedad ideológica, actos arbitrarios y estafa agravada en perjuicio del Ministerio de Salud Pública.
Sin embargo, los abogados defensores de Maza argumentaron durante sus alegatos, que no existe documentación que incrimine al exfuncionario en la autorización de sobreprecios de materiales y equipos para los referidos hospitales.
Tampoco autorizó el uso de las instalaciones de la empresa constructora para almacenar materiales de construcción y equipo hospitalario, tal como lo asegura la Fiscalía General.
El 16 de septiembre pasado, el exministro Maza Brizuela fue obligado por el Tribunal Tercero de Sentencia a cumplir 144 jornadas de trabajo comunitario, luego de ser hallado responsable del delito de actos arbitrarios que favorecieron a la empresa CPK durante la reconstrucción del hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, La Paz.
Para el cumplimiento de las jornadas laborales correspondió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria establecer la institución y el tipo de labores que deberá de desempeñar, para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, los abogados defensores presentarán un recurso de casación (anulación de sentencia) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por esa condena que recibió Maza Brizuela.
La defensa pretende demostrar que el exfuncionario nunca autorizó sobreprecios de materiales y equipos.