En su presentación ante la Asamblea Legislativa en agosto pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Armando Pineda Navas, anunció que promovería la depuración de los malos jueces en el Órgano Judicial.
Pineda Navas dijo en esa oportunidad que eso “será uno de mis objetivos la depuración (de jueces) pero dentro del marco de lo que establece la ley”.
Pineda admitió que no sería una tarea fácil, ya que, a su criterio, hay “denuncias infundadas y otras con fundamento”, en contra de algunos jueces, pero se comprometió a analizar cada una de ellas.
En mayo pasado el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Florentín Meléndez, advirtió que los tentáculos de la corrupción habían arribado también al Órgano Judicial.
Meléndez informó a los periodistas que tenía conocimiento que un juez suplente habría ofrecido sus servicios al “narcotráfico” cuando relevaba en su cargo al juez propietario.
El magistrado omitió el nombre del juez, pues afirmó que la investigación estaba en proceso.
“Es tremendamente preocupante que operadores judiciales estén en complicidad, en convivencia con el crimen organizado y con cualquier forma de delincuencia en el país”, lamentó en esa oportunidad Meléndez.
Meléndez reveló que el Órgano Judicial ha sido “permeado” por la corrupción y pidió a los jueces no dejarse someter a intereses económicos y políticos, sino a trabajar con la Constitución de la República en la mano para aplicar la justicia.
Eso le valió al magistrado Meléndez una serie de críticas y ataques de asociaciones de jueces y sindicalistas que incluso llegaron a pedirle a la Corte en Pleno que le diera un voto de censura. La gestión, no prosperó.
Las gremiales de jueces señalaron que las expresiones de Meléndez eran “gravísimas” porque “constituían un atentado a la dignidad de los servidores judiciales”, y las calificaron de “cargadas de emotividad y faltas de objetividad”.
Sin embargo, meses después, la Fiscalía le dio la razón a Meléndez y pidió procesar al juez especializado de Sentencia Enrique Beltrán; su suplente Rodolfo Castillo, así como al juez especializado de Instrucción, Jorge González.
Los tres jueces especializados de San Miguel señalados por la Fiscalía de los delitos de cohecho (aceptar soborno) y agrupaciones ilícitas habrían favorecido en 12 procesos penales diferentes a varios pandilleros acusados de narcotráfico y extorsión, según las investigaciones.
El último juzgador procesado ha sido la juez de Paz de Lolotique, San Miguel, Rosa Cruz Jurado, quien habría planificado el homicidio de su expareja, Juan Hernández, de acuerdo con informes del Ministerio Público.