La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa iniciará hoy el análisis del anteproyecto de ley de Responsabilidad Fiscal junto a personeros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la jornada que, se prevé dure toda la mañana de hoy, también estará presente el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
La idea es realizar una especie de taller de intercambio con las autoridades del BID, ya que dentro de la programación se establece que habrá comentarios de parte de todos los legisladores de las fracciones políticas, así como por el titular de Hacienda.
Se tomará en cuenta además el estudio que ha efectuado la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto (UASP), de la Asamblea, sobre los anteproyectos de ley que han sido presentados al Congreso: el del Ejecutivo, el del FMLN, de ARENA y del PCN.
Sobre esto, el reporte legislativo detalla aspectos positivos y negativos de cada una de las propuestas, por ejemplo: en la del Gobierno resalta que “contiene un conjunto de indicadores fiscales, los cuales podrían en el largo plazo estabilizar las finanzas públicas, pero a la vez se enfatiza que se deben “aplicar medidas de presión al gasto corriente y con ello obtener ahorro corriente y llevando la carga tributaria al 17%”.
En tanto que en la moción de ARENA la UASP explica que ésta se “centra en la disminución del gasto público y el saldo de la deuda pública, aunque estos objetivos se sustentan con parámetros generales”. Resume que la propuesta “ata el gasto a un 45% para gasto social alcanzable en 5 años, entre otras alternativas, situación que deberá ser analizada en la Comisión de Hacienda, debido al principio de rigidez del gasto”.
El plan del PCN propone indicadores relacionados con escalones de reducción del gasto y de evaluación de resultados con principios de transparencia, pero los resultados financieros son muy bajos, debido a que la propuesta implica llevar el déficit a cero”.
En la del FMLN hace la observación que las medidas planteadas aumentan la carga tributaria al 20% de forma sostenida, y que si bien logran disminuir el saldo de la deuda, no regulan el gasto, debido a que atan el gasto público al cumplimiento de la ley de protección y desarrollo social.