Ildelfonso Colares Filho, presidente de Queiroz Galvão, empresa que ejecuta las tareas de expansión de la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre, fue arrestado el viernes junto a 27 ejecutivos de nueve empresas brasileñas por estar involucrados, según las autoridades, en un esquema de corrupción que movió $3,850 millones a través la empresa petrolera estatal Petrobras.
La firma y su ejecutivo están acusadas de pagar sobornos para asegurarse negocios con Petrobras y de trabajar con terceros para inflar costos y recibir más dinero por las licitaciones, indican las pesquisas la Fiscalía brasileña.
Queiroz Galvão firmó un contrato en 2013 con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en asocio con el proveedor de turbinas Andritz Hydro Inepar do Brasil, para la expansión de la 5 de Noviembre.
Otro de los principales detenidos fue el exdirector de servicios de Petrobras, Renato Duque; el presidente de Constructora OAS, José Aldemario Pinhiro, y su homólogo de la firma Camargo Correa, Dalton dos Santos Avancini.
Todas las detenciones llegan luego de que, en marzo, la Policía Federal arrestó al exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, quien, a cambio de una reducción en su condena, divulgó más detalles de la trama, sobre todo el supuesto pago a políticos del Partido de los Trabajadores (PT) desde 2003, año que llegó el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, informaron las autoridades federales.
Ademas Costa denunció a 50 legisladores (incluidos los presidentes de ambas cámaras del Congreso), gobernadores, al ministro de Energía, del PT y a políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro) y el Partido Progresista (PP).
Según publicó ayer el diario Folha de Sao Paulo, la nueva fase de la “Operación Limpieza” hace sonar la alarma en el seno del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff debido a las repercusiones políticas y económicas (del escándalo) y a que deberían conducir a una inevitable reformulación de Petrobras, sobre todo por los números rojos con los que actualmente opera.
Sobre el caso, la justicia brasileña ordenó además el bloqueo de 720 millones de reales (unos $277 millones) en bienes pertenecientes a 36 investigados, así como todos los valores de tres empresa. No obstante se desconoce si en ese listado está Queiroz Galvão.
El requerimiento policial y fiscal asegura, según el diario Folha, que los acusados deben responder por los delitos de organización criminal, asociación para delinquir, corrupción, fraude a la ley de licitaciones y lavado de dinero.
Asimismo, entre las órdenes de allanamiento, 11 se realizaron en grandes empresas. No obstante, la Policía no logró localizar a otros acusados con orden de arresto, aunque todos los involucrados tienen prohibido abandonar el país y sus nombres fueron incluidos en la lista de difusión roja de la Interpol.
A causa de los escándalos de corrupción, Petrobras informó que no entregarían en el plazo previsto los resultados financieros del tercer trimestre y que el 12 de diciembre solo divulgaría “informaciones contables aún no revisadas por auditores externos”.
En el caso de la expansión de la central 5 de Noviembre, El Diario de Hoy publicó el pasado abril que la Corte de Cuentas conoció que CEL adjudicó la obra a Queiroz Galvão, y Andritz Hydro, los únicos ofertantes bajo asocio y que superaron la evaluación técnica y económica sin inconvenientes. Sin embargo, la CCR descartó anomalías, según el informe de auditoria.
Se pidió vía correo electrónico una posición de la CEL, para conocer si el caso lleva riesgo para la continuación de la expansión de la 5 de Noviembre, pero al cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.