A casi un año de haberse aprobado la Ley especial de Extinción del Dominio (despojo legal de los bienes y dinero a los delincuentes), la unidad especializada de la Fiscalía General tiene 35 expedientes de investigaciones en contra de personas que han adquirido bienes, inmuebles y dinero en efectivo que, se supone, provienen de actividades delictivas.
Fuentes fiscales explicaron que los procesos se encuentran en plena investigación por lo que no podían revelar detalles sobre las personas y el tipo de bienes e inmuebles que serían despojados a favor del Estado.
Agregaron que tampoco se tienen las fechas de cuándo se pondrán los primeros requerimientos en el Tribunal de Extinción del Dominio, porque todavía se recolectan las evidencias necesarias.
A supuestos cabecillas de organizaciones criminales como Jorge Ernesto Ulloa Sibrián (a) el Repollo, y Roberto Herrera (a) el Burro, les han decomisado una gran cantidad de bienes e inmuebles como parte del proceso judicial que se les sigue a los dos acusados.
Ellos y el diputado suplente, Wilber Serrano, estarían dentro de las personas a quienes se les podría despojar definitivamente de los bienes que se supone provienen de actividades delictivas.
Ulloa Sibrián también tiene otro proceso para ser despojado de los bienes, inmuebles y dinero que le fueron incautados en Guatemala, luego de ser arrestado en marzo de 2013.
De hecho, en agosto pasado, las autoridades guatemaltecas confiscaron una mansión que Ulloa Sibrián tenía en la zona 1 de Jocotenango, Sacatepéquez, Guatemala.
Además, la Fiscalía guatemalteca ha pedido que le sean confiscadas otra dos residencias en zonas exclusivas, un apartamento de lujo con tres parqueos y una finca con una extensión que sobrepasa los 224 mil metros cuadrados en el sector de Moyuta, Jutiapa.
Además, tres motocicletas, dos pick up, dos camionetas todo terreno, un automóvil deportivo y un camión.
Curiosamente, a Ulloa Sibrián no le descubrieron cuentas bancarias en Guatemala.
Algunas de las residencias incautadas a Ulloa Sibrián, en ese país, tienen un valor de más de un millón de dólares, las cuales están bajo la administración del Estado guatemalteco.
$140 mil a instituciones de justicia
Fuentes fiscales aseguraron que se espera que más de 140 mil dólares decomisados en distintos procedimientos de la Fiscalía y Policía sean distribuidos, en diciembre próximo, a las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab). Ese dinero fue incautado por las autoridades a personas que no supieron justificar la procedencia legal.
El artículo 94 de la referida ley establece el porcentaje de asignación del dinero incautado a cada una de las instituciones que conforman el Conab. La transferencia de los fondos a las entidades beneficiarias se hará anualmente y estará sujeta a la presentación de un informe de la ejecución financiera y el destino de los fondos entregados en el año anterior.