La corporación policial le adeuda un millón 872 mil 808 dólares a proveedores de edificios y locales, en todo el territorio nacional.
La suma corresponde a cinco meses de alquiler no pagados, los cuales comprenden de junio a octubre, según un informe de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil.
Por mes, la institución policial desembolsa 374 mil 561 dólares para sufragar los costos de arrendamientos.
En total, la Policía alquila 369 edificios en todo el país, unos pequeños, otros medianos y otros de varias plantas, desde donde organiza, planea y ejecuta el servicio de seguridad pública a los salvadoreños.
“Hemos tenido pequeños inconvenientes, algunos administrativos, por la formalización de los contratos que impiden que se hagan las asignaciones o pagos en el mes respectivo y que se difieran (retrasen) a otros meses”, reconoció el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde.
El director de la PNC agregó que el retraso también ocurre por falta de asignaciones presupuestarias a la institución en los periodos correspondientes para hacer los respectivos pagos.
Según el director de la PNC, la institución está trabajando por superar estos inconvenientes y que los arrendatarios reciban el pago en el menor tiempo posible.
“Nosotros alquilamos una gran cantidad de inmuebles y el problema lo tenemos en todo el país”, agregó el comisionado Ramírez Landaverde.
La situación se torna más compleja, tomando en cuenta que el 95 por ciento de los inmuebles que ocupa la Policía Nacional Civil en todo el territorio es propiedad privada. Es decir que la institución solo dispone de 23 edificios propios.
De acuerdo con el pago mínimo y máximo por los arrendamientos, la Policía cancela a sus proveedores mes a mes, entre 91 dólares a 10 mil 735 dólares por local.
San Salvador con 93 inmuebles, La Libertad con 35 y Usulután y Sonsonate con 20 locales cada uno, son los departamentos con más edificaciones alquiladas, indica el reporte.
A nivel de regiones, la zona oriental, que comprende los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán con 79 inmuebles en total, es la que más alquileres de locales registra la Policía.
Le sigue occidente, con los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana, con 70 inmuebles arrendados.
Los contratos de arrendamiento son anuales y por lo general se renuevan con el mismo proveedor.
Hay delegaciones como la Centro, cercana al parque Infantil en la actualidad, que ya tiene más de cinco años de establecida.
Anteriormente estuvo situada a un costado del parque Centenario.
En otros casos, en que se han dado por terminados los contratos, la corporación busca edificaciones cercanas, para no trastornar su ubicación, en perjuicio del usuario.
Además, debe estar situada en lugares de fácil acceso y movilidad, en caso de emergencias.
En un recorrido por algunas sedes policiales en San Salvador, se pudo constatar que el personal básico de la institución (agentes, cabos y sargentos) desconoce o no se atreve a comentar sobre el problema en que se encuentra la corporación.
Algunos policías consultados afirmaron no tener información sobre la mora de la Policía en el pago de locales que ocupan los puestos, subdelegaciones, delegaciones y edificios administrativos.
Agregaron que esa información estaba centralizada en la Subdirección de Finanzas y Administración de la Policía, específicamente en la sección de “Contrataciones”.
En el recorrido se observó que algunas divisiones de la Policía operan en propiedades de otras instituciones, como el caso de la División de Seguridad Vial de la Subdirección de Tránsito Terrestre, que opera en edificios del Ministerio de Hacienda.
En esta sede policial, un policía manifestó que ahí están exonerados del pago por alquiler y que solo cancelan los costos de los servicios de agua y energía eléctrica.
Entre tanto, un agente en la subdelegación de San Jacinto afirmó que a diferencia de cobros de pagos atrasados, el proveedor había realizado mejoras importantes como sustitución de puertas, pintura de paredes y otros.
Pero los atrasos en los pagos de la Policía Nacional Civil no son recientes, pues en otros años, casi por la misma fecha, se han presentado denuncias de deudas pendientes por parte de los proveedores.
La corporación ha llegado a deber hasta 2.5 millones de dólares a dueños de centenares de casas y edificios usados como sedes policiales y 600 mil dólares por atrasos en el pago de servicios telefónicos y eléctricos.
Además, el problema no solo se ha presentado en inmuebles, las deudas se extienden incluso con su personal, a quienes se les han retrasado el pago de viáticos de alimentación o derechos del régimen de disponibilidad.
Estos desequilibrios ocurren a pesar de que el 80 por ciento del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública corresponde a la corporación policial.
Poco antes de la presentación del Presupuesto General de la Nación 2015, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, manifestó que la Policía le había solicitado 35 millones de dólares para completar sus compromisos del 2014.
Sin embargo, solo se había comprometido a gestionar 30 millones de dólares, tomando en cuenta que la Policía hace muy buen uso de los recursos, “maneja bien su presupuesto”, dijo el ministro Cáceres.
El presupuesto que actualmente está ejecutando la Policía es de alrededor de 284 millones de dólares.
Estos fondos provienen del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que para 2014 fue de un poco más de 356 millones.
En la Corporación trabajan más de 23 mil agentes.