A pesar de la complicada situación fiscal del Estado, la Asamblea Legislativa está a un paso de ratificar un préstamo de $32 millones con Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de un nuevo edificio legislativo el cual, según el diputado presidente Sigfrido Reyes, no es un lujo: es una necesidad imperiosa.
Sin embargo, uno de los argumentos que emplearon el FMLN, GANA y otras fracciones para avanzar en la negociación es que el recinto que acoge a las diferentes bancadas está en malas condiciones, algo que refuta la evaluación de daños realizada luego de los terremotos de enero y febrero de 2001, los últimos de considerable magnitud e intensidad previo al reciente sismo de 7.5 grados del pasado 13 de octubre.
Los estudios, elaborados en asocio por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) y la Federación Salvadoreña de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines (Fesiara) en 2001 confirman que el edificio legislativo de comisiones (uno de los cinco del complejo) tiene una clasificación de riesgo identificada con bandera verde, lo cual significa que los riesgos son menores y no vuelve inhabitable el inmueble como se justificó.
“Yo quiero que seamos conscientes de que desde los terremotos de 2001, el edificio legislativo quedó en malas condiciones. Lo que no quiero es que haya un fuerte sismo y tengamos desgracias que lamentar; debemos tener más responsabilidad con la vida de las personas”, dijo la diputada del FMLN, Lorena Peña, en mayo pasado cuando se autorizó con 44 votos la negociación ante el organismo multilateral.
El documento, que se encuentra en los archivos del MOP y de la ASIA, fue parte de un análisis que realizaron varios ingenieros estructurales en los principales edificios públicos y privados. La tarea fue coordinada por el viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Su principal recomendación para el edificio principal del órgano estatal fue sustituir el cielo falso (tarea que sólo se realizó en los salones de las comisiones legislativas) y colocar arriostramiento, es decir estabilizar mínimos detalles de la infraestructura para evitar un posterior desplazamiento o deformación.
“Se observan daños menores en escaleras, paredes interiores, instalaciones eléctricas y de aguas negras. Daños moderados y subsanables en culatas, instalaciones de agua potable y cielos falsos”, sintetizan las observaciones realizadas por los ingenieros.
Ante este escenario el análisis de los ingenieros recomienda corregir juntas, cambiar cielo falso por otro más liviano, corregir el apoyo de las escaleras y eliminar algún repello deformado. También asegurar soportes de luminarias y aires acondicionados.
Bajo estas circunstancias la fracción de ARENA coincide con el FMLN en que se necesita más espacio y mejores condiciones para el trabajo legislativo. No obstante, según el diputado de oposición Roberto d’Aubuisson, la Asamblea debe de contribuir a la austeridad pública y evitar contraer más deuda, por lo que a su juicio “no es el momento adecuado para tomar la medida”.
“Estamos en desacuerdo con la manera en la que se pretende construir el edificio. Habíamos discutido y acordado que se debe de hacer con presupuesto propio para evitar endeudamiento. Antes de pensar en todo esto es importante contar con la Ley de Responsabilidad Fiscal, eso es fundamental para reducir este tipo de gastos”, insistió el diputado, quien fue miembro de la directiva legislativa.
En abril de 2013 la Asamblea decidió comprar por $3 millones un terreno de tres manzanas en la Alameda Juan Pablo II para “ayudar” al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Ahí se está construyendo un auditorio y otros locales para el funcionamiento del archivo legislativo y la biblioteca.
Sobre este punto la diputada Peña dijo que de momento no se está planteando hacer el nuevo edificio en dicho lugar y no quiso opinar sobre los estudios que realizaron ingenieros estructurales en 2011 por encargo de la junta.
Al respecto hay que destacar que la Asamblea tenía destinado el uso de los fondos para el nuevo inmueble por lo que se desconocen las razones del aumentó en el costo en $32 millones. Además, no se sabe si el nuevo recinto se construirá en otra zona de San Salvador o se realizarán trabajos de demolición o reacomodo de las actuales instalaciones.
A finales de 2011 la junta directiva aprobó los planos de construcción que detallan un edificio de nueve niveles, varias terrazas, salón de usos múltiples, áreas privadas y una cafetería, entre otros.
Los documentos consultados, que se encuentran en las oficinas de ASIA y que fueron negados a El Diario de Hoy por parte de la gremial, sólo reconocen que el Salón Azul (lugar donde se realizan las sesiones plenarias) tuvo bandera anaranjada y forzó su abandono, previo a la reconstrucción que se realizó en 2005 a un costo de casi $3 millones.
A la fecha los diputados no han confirmado cuando se cerrará la ratificación con el BCIE.