SANTA ANA. Siembra masiva de árboles, parar el crecimiento desordenado de la ciudad, socializar los efectos del cambio climático, la creación de una mesa donde se escuche la opinión de todos los sectores santanecos y la construcción de mercados para ordenar las ventas callejeras que dejan promontorios de basura que van a parar a las alcantarillas.
Esas son algunas de las recomendaciones que hace la presidenta de la Fundación Ambientalista de Santa Ana (Fundasan), Carmen Martínez, para evitar que el centro de la ciudad se vuelva a inundar, tal como sucedió el 24 de septiembre pasado.
A esas acciones se suma la inversión de $25 millones que ha reconocido el alcalde, Alfredo Peñate, que se debe realizar para la sustitución de las alcantarillas, ya que tienen medio siglo de que el sistema fue instalado.
El edil aceptó, también, que la alcaldía no cuenta con ese dinero, por ello, lo están gestionando con un organismo internacional.
Martínez criticó la pasividad con que las autoridades han enfrentado el tema de las inundaciones ante la falta de un plan estratégico.
Además, consideró que las autoridades minimizaron los daños que dejó ese fenómeno, que no había ocurrido en la ciudad.
La presidenta de la fundación expresó que una de las razones de las inundaciones en algunas zonas de la ciudad, es porque se construyó en sitios de infiltración del agua.
Eso ha obligado a que el agua recorra, por gravedad, a través del pavimento, hacia la zona baja de Santa Ana.
Estos sitios eran protegidos por el Plan Maestro de Desarrollo Urbano (Plamadur), que elaboraron consultores españoles para la ciudad entre los años de 1996 y 1998.
Este definía las áreas destinadas a la construcción de viviendas y las que se tenían que conservar, entre otras recomendaciones.
La ambientalista recordó que hace 15 años propusieron sembrar un millón de árboles de pino en algunos de los cerros que rodean Santa Ana.
La iniciativa no encontró apoyo en los propietarios de los terrenos que eran utilizados, principalmente, para el cultivo de granos básicos.
Hay zonas que también cuentan con protección, de acuerdo con una ordenanza municipal, pero están siendo utilizadas para la extracción de leña, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos en algunas zonas.
Entre ellas están las comunidades Altos de Santa Lucía I y II, que se ubican en la falda del cerro Santa Lucía.
Este ha sido talado pese a que está considerado como una zona especial protegida por su alto riesgo geológico, de acuerdo con el artículo cuatro de la “ordenanza para la declaratoria de zonas de alto riesgo geológico, para la protección de suelos no urbanizables y de recursos naturales y no renovables en el municipio de Santa Ana”.
La leña que extraen es usada para su comercialización.
Martínez exigió no quedarse de brazos cruzados y pidió a la municipalidad que construya mercados que permitan tener un mejor control de las ventas que ahora se instalan en la vía pública y que generan toneladas de basura.
El secretario del Sindicato independiente de vendedores, trabajadores y arrendatarios del mercado de Santa Ana (Sitravamsa), Carlos Menjívar, reconoció que hay vendedores que dejan la basura en la vía pública.
Pero dijo que el problema no solo debe atribuírsele a ese sector, pues es una costumbre generalizada de la población, lanzar basura a la calle.
Lamentó la falta de capacitaciones para el tratamiento de los desechos por parte de la municipalidad.
Sobre la propuesta de construir mercados para la reubicación de las ventas de las calles, omitió profundizar su declaración, bajo el argumento que se debe meditar.
Muchos de los desechos que dicho sector genera van a parar a las alcantarillas, pues tampoco el servicio de recolección de basura es eficiente, coincidieron algunos santanecos consultados.
Se trató de obtener una reacción del alcalde sobre las propuestas de la ambientalista, sin embargo, no fue posible, pese a que se gestionó una entrevista a través del departamento de comunicaciones.
El 25 de septiembre, el edil manifestó que la inundación del día anterior fue producto del cambio climático.
A pesar de que reconoció, en ese entonces, que el sistema de drenaje de aguas lluvias requiere de intervención, expresó que “ninguna tubería en el mundo hubiera tenido la capacidad de evacuar la cantidad de agua que cayó”.
El edil dijo, entonces, que tienen estudios de lo que se debe realizar para solventar el problema de las alcantarillas, pero no cuentan con los recursos económicos.
Los $25 millones que requieren están siendo gestionados con una entidad internacional, pues ya no se puede postergar que las aguas que bajan del volcán se introduzcan a tuberías idóneas a la realidad actual, señaló el alcalde.
Reconoció que deben ser más eficientes en la recolección de los desechos sólidos.