La ministra de Salud Pública y Asistencia Social y el director del hospital nacional Rosales deberán garantizar y realizar un continuo e inmediato tratamiento médico idóneo para tratar varias enfermedades que padece un paciente.
Así lo ordenó ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al admitir una demanda de amparo por la supuesta violación a la vida y la salud.
El demandante señala que se han vulnerado sus derechos a la vida, salud y petición, debido a que tiene un tumor en el tórax y abdomen, adoleciendo, además, de hipertensión arterial y diabetes.
Agrega que, “pese a los múltiples requerimientos para recibir tratamiento médico, las referidas autoridades no han emitido una respuesta ni le han brindado los medicamentos que debilitarían el tumor, así como no han programado una cita para evaluarlo, lo que posibilita que su enfermedad siga avanzando cada día y pueda destruir órganos vitales que hasta la fecha están intactos y con buen funcionamiento”.
La Sala consideró que la demanda cumple con los requisitos de admisibilidad y “se realizará el control de constitucionalidad de la supuesta omisión de la ministra de Salud Pública y Asistencia Social de dar respuesta a los escritos presentados, mediante los cuales solicitó que se interviniera quirúrgicamente al peticionario, así como que se proporcionara una copia íntegra y resumen clínico del expediente médico”.
“De igual forma, por la aparente omisión de respuesta del director del hospital nacional Rosales, a los escritos presentados, por medio de los cuales se requirió que se interviniera quirúrgicamente al demandante. Se ordenó como medida cautelar a las autoridades demandadas que deben asegurarse de que el peticionario reciba en forma continua e inmediata el tratamiento médico idóneo para tratar las enfermedades que padece”, afirma la demanda de amparo que fue admitida ayer.
La demanda podría abrir la puerta para que todo ciudadano que considere que se le han vulnerado sus derechos a no ser atendidos en el referido hospital, puedan acudir a la Sala de lo Constitucional en busca de tratamientos médicos.
La admisión de la demanda fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.