La elección de cinco magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de sus respectivos suplentes se hará en 2015, aunque el proceso para seleccionar a los candidatos por parte de la Fedaes y el CNJ, comienza mucho antes. Por ello, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), propone hacer las reformas legales pertinentes para depurar los mecanismos de elección y que lleguen a esos cargos los abogados más idóneos y competentes, y no como hasta ahora ha sido que llegan los que cuentan con el respaldo de algunos de los partidos políticos.
Fusades en su reciente estudio sobre “el fortalecimiento de la justicia 2014”, dedica buena parte de sus análisis y propuestas al tema de la elección de los magistrados de la CSJ, pues en 2015 deberá de elegirse a los magistrados que sustituirán a los que están por concluir su periodo de nueve años: Rosa María Fortín, Lolly Claros, Mario Valdivieso, Miguel Trejo y Juan Manuel Bolaños (quien reemplaza a Roxana Núñez, recientemente fallecida). A ellos se agregarán sus respectivos suplentes.
Aunque dichas propuestas ya fueron planteadas en 2011 por Fusades, el tanque de pensamiento considera que ya se acerca la nueva elección de funcionarios de la Corte Suprema, por lo que insiste en que tanto la Asamblea como la Federación de Abogados de El Salvador (Fedaes) y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), las tomen en consideración al momento de hacer sus propuestas y de hacer los nombramientos (ver recomendaciones).
“Dado que cada tres años debe renovarse un tercio de los magistrados de la CSJ y que los problemas detectados siguen siendo los mismos, la discusión de las reformas propuestas resulta de mucha actualidad, por lo que exhortamos a la Asamblea Legislativa y al CNJ para que las consideren nuevamente antes de la elección de 2015”, plantea Fusades en su estudio realizado por el departamento de estudios legales.
Dada la importancia para el país de estos funcionarios y para evitar que lleguen a estos cargos personas que no son las más adecuadas profesionalmente, sino quienes cuentan con simpatía en los partidos políticos, Fusades plantea la necesidad de reformas legales y añade una serie de propuestas tomando como base la sentencia de inconstitucionalidad 49-2011, del 23 de enero de 2013, en la cual la Sala de lo Constitucional estableció que para cargos en entes fiscalizadores es incompatible con la afiliación partidaria de sus titulares.
“La afiliación partidaria crea un vínculo jurídico obligatorio y un nexo ideológico entre el afiliado y el partido, que impide actuar con la independencia exigida en este tipo de entidades. La afiliación partidaria constituye un obstáculo para el ejercicio independiente y adecuado de las funciones de fiscalización, ya que el vínculo jurídico e ideológico que crea en el afiliado puede producir decisiones orientadas a beneficiar a un instituto político y no al interés general”, dice el fallo de la Sala.
Al respecto, Javier Castro, director del departamento de estudios legales de Fusades, que tuvo a su cargo dicho estudio, estima que retomar el espíritu del fallo de la Sala, es prioridad para esta nueva elección de magistrados de la CSJ y las futuras, para evitar invalidaciones como las ocurridas recientemente.
“Nosotros consideramos de suma importancia el fallo de la Sala de lo Constitucional, que estableció los parámetros y lineamientos para que quienes sean electos en estos cargos estén alejados de toda afiliación partidaria; que ya no se den casos como el que ocurrió con el señor Salomón Padilla que se comprobó posteriormente su afinidad a un partido político; por el contrario, que se tome en cuenta a las personas más competentes, preparadas, idóneas y de moralidad notoria”, manifestó Javier Castro, director del departamento de estudios legales de Fusades.
La Fedaes, tras elecciones internas envía una lista de 15 candidatos a la CSJ y el CNJ elabora otra lista de igual número de aspirantes a magistrados. De estas propuestas la Asamblea Legislativa elige a los cinco magistrados propietarios y sus suplentes.
Cuotas partidarias
Pero el estudio de Fusades revela que en esos procesos de selección del CNJ y de la Fedaes no siempre se inscriben los mejores abogados o mejor preparados, pues consideran que no lograrán su nombramiento por no contar con el respaldo político que hasta ahora ha imperado.
“La excesiva politización que ha caracterizado estas elecciones –así como otros factores–, ha desmotivado la participación de personas que si bien son más que idóneas para el cargo, no creen tener la oportunidad de resultar electas porque se consideran en desventaja respecto de los candidatos que sí gozan de apoyo político”, apunta el tanque de pensamiento.
Para Fusades, los procesos de selección de candidatos deben iniciar con convocatorias públicas, con suficiente anticipación para que acuda el mayor número de personas y para que cada interesado tenga tiempo para reunir la documentación de respaldo, tal como prescribe el artículo 60 del Reglamento de la Ley del CNJ en el caso de la Corte Suprema de Justicia.
Además, los procesos deben fomentar la mayor participación posible en igualdad de condiciones. Añade que cada una de sus etapas debe gozar de la máxima transparencia y cada decisión que se adopte debe ser adecuadamente motivada y basarse en la documentación presentada, regulada para las comisiones y el Pleno de la Asamblea Legislativa, en el artículo 99 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (Rial).
“Debe eliminarse de una vez el sistema de reparto de cuotas políticas que por tantos años ha constituido el ‘rasgo extralegal más destacable de todo el proceso de selección en la Asamblea Legislativa’, ya que la captura de las instituciones, por parte del poder político únicamente ha resultado en su mal funcionamiento”, expone el estudio.
Es por eso que a Fusades no le cayó en gracia el reciente nombramiento de la diputada, Claudia Ramírez, quien también es abogada, como presidenta de la Fedaes, que tiene a su cargo la elección de una parte de los aspirantes a magistrados de la CSJ.
“Eso no puede ser, no es por la persona, sino que cómo se pone a alguien al frente de una gremial que elige candidatos a magistrados, cuando claramente pertenece a un partido político, eso riñe con los parámetros que dio la Sala de lo Constitucional”, cuestionó Javier Castro.
La diputada Ramírez se defendió en ese momento al afirmar que la ley no le impedía que siendo diputada integrara una asociación de abogados y además que ella no podía interferir en ningún resultado porque era una decisión colectiva.
En la propuesta, Fusades pide por ejemplo, que el candidato tenga un mínimo de años de ejercicio de la profesión y que demuestre conocimiento especializado en una rama del derecho, a través de cátedras universitarias o la publicación de artículos académicos. Se pide también que los interesados cuenten con los informes favorables de las instituciones rectoras de la profesión o de la función pública, relacionados con su conducta profesional.
No obstante, el tanque de pensamiento considera que en la práctica no se constata que tales requisitos formen parte de los criterios de evaluación de cada candidato.
Inclusive, se expone que en la elaboración de la lista de candidatos que envía el CNJ, se desconocen los parámetros que utiliza para hacer la escogitación.
“El CNJ; por ejemplo, elabora su lista de 15 candidatos y nadie sabe qué tipo de mediciones utiliza, si es por capacidad, idoneidad, moralidad notoria, no se sabe, cuando se trata de una elección de funcionarios de suma importancia para el país. Lo mismo sucede con la Asamblea Legislativa; eso tiene que cambiar”, plantea Castro.
Entrevistas públicas
En cuanto a lo que compete la Asamblea Legislativa, que ya es propiamente el nombramiento de los funcionarios, Fusades da recomendaciones para una mejor escogitación.
Por ejemplo, las entrevistas a los aspirantes deben ser públicas y las preguntas atinentes al cargo que se requiere.
“En este proceso que debe servir para formarse una opinión sobre la persona, su trayectoria y sus conocimientos técnicos, deben incluirse preguntas que permitan determinar los conocimientos jurídicos de los abogados, seleccionándolos con base en las vacantes disponibles en la CSJ cada 3 años, para asegurar la elección de personas con los conocimientos especializados requeridos en cada una de las 4 salas de la CSJ, según su materia: derecho administrativo para la Sala de lo Contencioso Administrativo, derecho constitucional, penal o derecho civil, para las otras 3 salas”, propone Fusades.
Pone de ejemplo, Fusades la elección de los magistrados de la Suprema Corte en los Estados Unidos, donde las entrevistas a los candidatos duran hasta cuatro días, cuando en el país duran 15 minutos para cada aspirante. Fusades hace la salvedad de esa diferencia de un país más avanzado, pero insiste en que puede mejorarse el mecanismo.
“Podría establecerse un sistema de etapas que permitan ir depurando el listado hasta llegar a la etapa final, en la cual se entrevistaría de forma pública y más exhaustiva, únicamente a las 10 personas con mayor puntuación, entrevistando, con la amplitud descrita en el párrafo anterior, a las personas que se perfilan con más posibilidades para ser electas, a efecto de ofrecer al Pleno de la Asamblea Legislativa elementos objetivos para la toma de una decisión informada”, expone.