La Superintendencia de Competencia (SC) ha iniciado un nuevo intento para regular a los medios de comunicación, esta vez apuntando a la actividad comercial y a las condiciones de competencia de las empresas televisivas de cara a la caducidad de las actuales concesiones de televisión.
En una carta girada a las empresas de televisión el pasado 10 de noviembre, la Intendenta Económica de la Superintendencia, Marlene Tobar Silva, les comunica que se ha iniciado el “Estudio sobre condiciones de competencia en la televisión abierta”, que, según asegura en el mismo documento fue ordenado mediante acuerdo S-31/2014, el cual ha sido encargado al consultor internacional Esteban Manuel Greco y para lo cual contará con el apoyo de la Intendencia Económica de esa Superintendencia.
En el documento, la funcionaria expone una serie de argumentos para emprender esta evaluación: la primera es que se ha seleccionado a la televisión abierta por la importancia que tiene su actividad económica en el consumo de la población y su papel en la intermediación entre los anunciantes publicitarios, los proveedores de contenido y los consumidores finales.
Una segunda argumentación y a la vez advertencia que le hace a los medios televisivos es que “en atención a la gestión que efectúa la Superintendencia General de electricidad y Telecomunicaciones en relación con el espectro radioeléctrico se advierte que esta sufrirá importantes modificaciones en un futuro próximo a causa del vencimiento de numerosas concesiones y del cambio de televisión analógica a la televisión digital”.
Por esta razón, dice que “será necesario efectuar una evaluación de las condiciones de competencia actuales que permitan prever potenciales riesgos a la competencia”.
En la misiva, la funcionaria les expone que basada en las facultades que le da la Ley de Competencia en los artículos 38 y 50, así como en el artículo 9 del reglamento, les requiere su colaboración para ese estudio y les asigna fecha y hora para una entrevista.
“En caso de no poder asistir a la reunión citada, le solicitamos delegar a la(s) persona (s) indicada(s) en su representación, siempre que conozcan del giro empresarial (técnico-económico) de la sociedad”, expresa Tobar Silva en la carta dejando en claro el interés específico que se tiene sobre la actividad de las televisoras.
Hechos similares
En una acción similar, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, giró a inicios de marzo una carta a los “grandes contribuyentes” del sector privado en la que les solicitaba información considerada confidencial sobre las operaciones de las empresas tal como estrategias de negocios, reorganizaciones societarias, inversiones, sus proyectos actuales y futuros, así como alianzas estratégicas.
En esa carta les indicaban que en los siguientes días se les estaría notificando los nombres del auditor, supervisor y jefes de departamento designados para ejecutar ese control “tributario”.
Dirigentes de gremiales empresariales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) se pronunciaron en contra de esa medida porque, según dijeron, se solicitaba información que nada tiene que ver con el tema fiscal como la evasión que investiga Hacienda, sino que es propiedad intelectual de la empresa.
Además dijeron que la ley en temas fiscales no exige que se incluya información de estrategias de mercado y proyecciones de las empresas.
En la carta, Hacienda argumentó que con el plan buscaban hacer un monitoreo permanente en aspectos como el cumplimiento de obligaciones tributarias pero también en otros como “estrategias de negocios (promociones, descuentos, rifas, sorteos, regalías, intermediaciones etc.)”.
En agosto, la Superintendencia del Sistema Financiero también llamó a los bancos a que le dieran detalles de los mayores depositantes y sus cuentas.
Con respecto a la investigación que pretende de los medios televisivos, la Superintendencia de Competencia la fundamenta en que deben “mejorar la intervención del Estado” en este tipo de actividad comercial a nivel privado.
“Se pretende también, que dichos resultados permitan mejorar la intervención del Estado, adaptándola a los cambios que se derivan del constante dinamismo e innovación tecnológica del sector”, aduce la SC.
La finalidad del estudio, agrega, es incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores de los servicios de televisión abierta, pues con los resultados les permitirá “proponer medidas que fortalezcan y mejoren sus condiciones de competencia” pero que a la vez se “constituyan en insumos de utilidad para el quehacer de la entidad reguladora del sector, en particular, en lo relacionado con la asignación y uso del espectro radioeléctrico”.
De hecho justifica el estudio en que hay una “contribución de los servicios de televisión abierta en el desarrollo de actividades comerciales entre privados y su rol en la difusión de la información y la generación de opinión pública”.
Esta acción del gobierno se da en momentos en que se cuestiona el traslado exprés del canal 37 propiedad de una universidad privada al canal 11, en la administración de Mauricio Funes y a escasos días de que acabara la gestión. Esta autorización fue revocada incluso por la misma junta de directores de la Siget.
Pero también se da en momentos en que las radios comunitarias a través de la organización ARPAS están exigiendo y una cuota fija del espacio radioeléctrico en aras de una “democratización” de los medios, algo en lo que coinciden con los actuales titulares de la Siget.