En El Salvador parece que la justicia no se imparte de la misma forma para todos los salvadoreños. Un hombre capturado por importar desde Shanghái, China, 125 barriles de Fenil Ethyl Acetate (químico usado para fabricar drogas sintéticas) fue condenado a 15 años de prisión, pero otros tres acusados de importar el mismo químico desde el mismo lugar, fueron declarados inocentes recientemente.
José Dolores Palacios Escamilla, un campesino originario de San Juan Opico, fue arrestado el 7 de mayo de 2011 y 14 meses después, el juez especializado de Sentencia de Santa Ana lo condenó a 15 años de prisión.
Desde aquel día de mayo de 2011, la vida de la familia de José Dolores cambió radicalmente. A su mujer le detectaron insuficiencia renal, su madre tuvo que vender un terreno para pagar abogados y su padre murió a los pocos meses de que el hombre fue arrestado.
A poco más de tres meses de que Palacios Escamilla fuera capturado, el 18 de agosto, otros tres hombres fueron arrestados, por los delitos de tráfico ilícito, proposición, conspiración en el delito de narcotráfico y asociaciones delictivas.
Jorge Francisco Molina Juárez fue capturado en una colonia de Soyapango; a Manuel Antonio Hernández Garzona lo arrestaron en Cuscatancingo, mientras que a Juan Carlos Carías Herrera lo detuvieron en una colonia de la ciudad de Sonsonate. Este último era el tramitador aduanal que realizó los trámites para recibir los embarques en el puerto de Acajutla.
Los dos primeros eran socios de tres empresas Las Bodeguitas, Importaciones y Exportaciones, S.A. de C.V., Santa Ana Exportadores e Importadores, S.A. de C.V. y Galaxia, S.A. de C.V., las cuales, según las investigaciones que constan en el proceso judicial, fueron constituidas, el 2 y el 3 de febrero de 2010.
Estas empresas, según plasma la Fiscalía en el expediente judicial, fueron creadas como fachada para recibir los químicos que eran importados desde Shanghái, China, y que luego serían trasladados hasta Guatemala.
Todas esas empresas tenían un mismo domicilio según la escritura de constitución de esas sociedades: la casa número siete M, calle y avenida Las Bugambillias de la colonia San Francisco, San Salvador.
Todas estas empresas tenían un solo fundador, el abogado Gerardo Armando Enrique Villacorta Archila, quien es prófugo de la justicia.
El 24 de septiembre de 2013, el mismo juez que en julio de 2012 había condenado a Palacios Escamilla, también condenó a Molina Juárez, Hernández Garzona y a Carías Herrera, todos a 10 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.
En el juicio o vista pública, los acusados fueron defendidos por los abogados Salvador Antonio García Deming, Óscar Alexander Carbajal Alvarado y Joaquín Eulogio Rodríguez Barahona, según consta en los expedientes judiciales del caso.
Las razones de la Cámara
Sin embargo, la sentencia de 10 años impuesta por el juez Linares Ascencio fue impugnada por cinco abogados particulares de los condenados. Uno de los abogados que estuvieron en la vista pública fue sustituido y los imputados agregaron dos más.
Los cinco abogados esgrimieron una serie de argumentos ante la Cámara Especializada.
Ese tribunal recibió los recursos de apelación de la condena el 31 de octubre de 2013, y ya para el 7 de abril, la Cámara había resuelto dándole la razón a los cinco abogados particulares, de tal forma que ordenó que la sentencia dictada por el juez Linares Ascencio fuera anulada y que en su lugar, la jueza suplente del mismo juzgado especializado de sentencia de occidente realizara una nueva vista pública (nuevo juicio).
De acuerdo con Ulises Marinero, jefe de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, la Cámara determinó que una de las anomalías en el proceso es que no se hizo peritajes caligráficos para determinar si la firma de dos de los tres imputados eran los mismos que habían firmado el documento de constitución de las sociedades o empresas a las que venía destinado los 480 barriles.
Marinero dijo que tampoco se hizo reconocimiento en rueda de reos o de fotografías para determinar si los dos imputados supuestos socios de las empresas a las que venían los químicos, fueron los mismos quienes comparecieron ante la notaria que elaboró la escritura de constitución de tres sociedades.
Otro de los supuestos errores fue que el juez Linares Ascencio invocó en su resolución, el Código Civil y Mercantil, cuando tenía que invocar el Código Procesal Penal; tampoco hizo un análisis de que el peritaje resultó negativo, es decir, no analizó ni dejó entrever que las firmas de las personas que conformaron las sociedades no eran las firmas de las personas que estaban siendo procesadas ni tampoco mencionó la negligencia de la Fiscalía de realizar un segundo o un tercer peritaje más la rueda de reos o de fotografías.
Con base en lo anterior, la Cámara anuló el juicio pero no ordenó liberar a los imputados. La intención de la Cámara fue que la Fiscalía tuviera más tiempo para hacer los otros peritajes para descartar o reconfirmar las pruebas que no habían hecho.
Pero la Fiscalía insistió en los errores. Se quedó solo con la declaración de la notaria ante quien se constituyó las sociedades destinatarias de los químicos.
Según Marinero, en este caso a las magistradas de la Cámara les llama la atención dos cosas: Si la Fiscalía no estaba de acuerdo con la nulidad presentada a la Cámara pudieron haber casado la sentencia ante la Sala de lo Penal. Pero no lo hicieron.
La Fiscalía, conforme
La Fiscalía General de la República (FGR) no se opuso a lo resuelto por la Cámara Especializada que daba la razón a los abogados defensores de los procesados, entre estos dos exjefes de la Unidad Antinarcotráfico de la Fiscalía.
Días antes de que se realizara el nuevo juicio contra los tres implicados, este periódico solicitó la opinión del Fiscal General de la República, Luis Martínez, quien respondió que apelarían la decisión de la Cámara Especializada sobre la anulación de la sentencia.
Al ser consultado, el Fiscal General enfatizó que en este caso lo más importante era que los químicos ya habían sido destruidos, por lo cual no se causaría ningún daño a la sociedad pues ya no se fabricaría drogas con ellos.
No obstante que Martínez dijo que apelarían la anulación, no se hizo, y a principios de agosto, se celebró la nueva vista pública por la jueza suplente Tatiana María Morales Artiga quien determinó que los tres imputados eran inocentes de los cargos que la Fiscalía los acusaba.
La Fiscalía no dijo nada, como lo ha hecho en el caso de los exseleccionados salvadoreños procesados por encubrimiento de lavado de dinero, que ha apelado la decisión judicial de procesarlos en libertad, o en otros casos donde mediáticamente ha mostrado su inconformidad por fallos judiciales adversos.
Es más, en su memoria de labores de 2011-2012, la Fiscalía destacó como triunfos la condena de José Dolores Palacios Escamilla así como el decomiso de los 480 barriles de químicos utilizados para elaborar metanfetaminas.
Las capturas de Molina Juárez, Hernández Garzona y Carías Herrera fueron anunciadas con bombo y platillo el día que los arrestaron. Sin embargo, esa institución, hasta el momento, no ha dicho nada sobre la declaratoria de inocencia de los tres implicados.
En junio de 2012, el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel declaró inocentes a tres personas que fueron capturadas por traficar drogas en tres pescados secos hacia EE. UU.
En esa ocasión, el Fiscal jefe de la Unidad Especializada Antinarcotráfico, Jorge Cortez, indicó ante medios de comunicación su decisión de pedir que se anulara el juicio en el que se había puesto en libertad a los tres procesados.
El 26 de junio anterior, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que alertaba sobre el aumento de tráfico de precursores químicos por la región centroamericana. De acuerdo con el informe de la UNODC, del total de precursores químicos de drogas decomisados en el mundo, el 14 % sucede en el istmo centroamericano.
La misma organización advierte en su informe en El Salvador y Guatemala, es cada vez mayor la táctica de crear empresas de fachada para poder traficar los químicos. Informes periodísticos de Guatemala revelan el cada vez más creciente hallazgo de laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas en ese país.
De hecho, según la investigación de la Fiscalía, en el caso del decomiso de 480 barriles de precursores químicos, también está implicado un guatemalteco identificado como Federico Alejandro Mora García Salas quien es prófugo de la justicia salvadoreña.
Los 480 barriles, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, iban a ser trasladados hacia Guatemala.
“A él lo engañaron”
Desde que su esposo fue capturado, en mayo de 2011, la mujer de José Dolores Palacios Escamilla cayó enferma y hasta la fecha aún no se recupera, según ella dice. Agrega, que vive en una zona rural de Ciudad Arce, La Libertad, aún no cree que su esposo haya andado en negocios con narcotraficantes. Más bien piensa que alguien lo embaucó.
De lo que sí está segura es que José Dolores siempre andaba escaso de dinero. “Si mire, hasta cholco andaba. Yo le decía que se mandara a poner el diente pero él no me hacía caso”, explicó la esposa del convicto.
Además de la enfermedad que adolece la mujer de José Dolores, ella afirma que también tienen que lidiar con el estigma de ser familia de un narcotraficante. “En los días que él cayó preso, toda la gente nos señalaba” asegura la mujer quien por esa razón abandonó un negocio de comida que tenía en el desvío a San Juan Opico, sobre la carretera hacia Santa Ana.
Por su parte, la madre del convicto no cree que su hijo haya andado en malos pasos. La anciana, que sobre pasa los 80 años, dice que no quiere morir sin ver libre a su hijo, y en afán de eso hasta vendió su casa para pagar abogados “que solo le comieron el pisto”.
Ambas mujeres aseguran que José Dolores fue defendido por un defensor de la Procuraduría General de la pública. Aseguran que luego de que fuera sentenciado, la defensa apeló el fallo judicial ante la Cámara Especializada pero ese tribunal aún no ha resuelto.