Un año ha pasado desde que 21 personas fueron acusadas formalmente por supuestos delitos en el asocio entre la paraestatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel, pero hasta hoy ninguno de ellos ha sido enviado a juicio o condenado por los hechos que se les imputan. Y es que, según los involucrados, “no hay pruebas que sustenten las acusaciones” y más bien creen que durante todo este tiempo se han hecho “maniobras engañosas” para inflar el caso mediáticamente.
“Han tenido un año y no han probado la existencia del delito de peculado, se les ha caído el castillo de aire que construyeron, el caso se ha desmoronado”, señaló Guillermo Sol Bang, uno de los acusados en el Juzgado Séptimo de Instrucción.
“El caso es morboso a la vista, pero vacío por dentro. Jurídicamente no hay forma de sustentar el caso, pues es imposible presentar pruebas cuando no existió delito”, manifestó por su parte el exministro de Economía, Miguel Lacayo.
Por el contrario, los acusados señalaron que a lo largo de este año han surgido numerosas revelaciones que demuestran que el caso se está cayendo poco a poco.
Una de esas pruebas es una nota aclaratoria de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), en la que se indica que la Ley LACAP no aplica a la contratación de servicios financieros, como es el caso del contrato CEL-Enel. “Esto bota una de las principales premisas de la acusación”, manifiestan los involucrados, a través de un comunicado oficial.
Otro de los puntos que, a su juicio, desmorona la acusación está relacionado a la declaración de testigos que supuestamente los incriminan en el caso. “En algunos casos ni siquiera cumplían los requisitos para ser considerados testigos. En un caso particular, uno de los testigos ni siquiera trabajaba en una de las instituciones”, refiere el comunicado.
Además, señalan que la defensa logró incluir un documento presentado ante la Cámara Internacional de Comercio de París, en el que se desvirtúa completamente que hay “mala calidad” en una máquina generadora de energía y que la acusación considera parte de su argumento en el caso.
“Yo no soy abogado, pero puedo leer, y al leer todo el caso es evidente que está construido sobre bases sin fundamento. El tiempo ha ido desnudando todas las falsedades y ficciones sobre las cuales se montó la acusación”, señaló Lacayo.
Juicio político
Lo que se ha mantenido durante todo este tiempo ha sido, sobre todo, un juicio político.
“Es impresionante y preocupante cómo el caso está contaminado con información sucia, testigos cuestionables y documentos viciados”, señaló por su parte Vicente Machado, quien fue director de LaGeo durante varios años.
“Han salido a la luz muchas pruebas de la contaminación política que tiene el caso. Con información corrompida nos han desprestigiado y además se le está haciendo un gran daño a la credibilidad del país a nivel internacional, sobre todo porque el Gobierno se niega a cumplir sentencias internacionales”, denunció Sol Bang.
La Fiscalía acusa a los ex funcionarios de haber tramado supuestas negociaciones irregulares con la empresa italiana Enel, para convertirlo en el socio estratégico de CEL en la explotación del subsuelo para generar energía geotérmica.
Según la acusación formal, este asocio habría generado pérdidas por más de $1,800 millones.
Pero, de acuerdo con los acusados, para llegar a esta cifra usaron documentos incompletos y que además tienen vicios contables.
Por esos cálculos es que la Fiscalía ha ordenado el embargo de los bienes de los imputados y de la empresa Enel.
“Ese daño es incongruente con la realidad. El Estado salvadoreño se ha beneficiado con más de $500 millones en los últimos 12 años a partir del asocio… no se puede argumentar que el asocio fue lesivo”, señaló Machado.
Más bien, CEL se benefició con este negocio, afirmó Machado. “El mejor negocio ha sido para CEL”, recalcó (ver nota aparte).
Incluso la jueza séptima de Paz, Evelyn Jiménez de Solís, advirtió que los cargos de peculado y falsedad documental gravada planteados en el caso “estaban en crisis” y ordenó que los acusados permanecieran en libertad restringida mientras seguía la investigación.