El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador inició ayer el juicio contra del teniente y abogado José Aristides Figueroa, acusado de actos arbitrarios, estafa, comercio ilegal y depósito de armas.
Sin embargo, horas después de empezada la audiencia, esta fue suspendida a las 12:55 de la tarde por falta de algunos testigos que han sido incluidos en el proceso.
El Tribunal concedió la tarde de ayer para localizar a los colaboradores y para notificarles que deben presentarse hoy a la audiencia.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el procesado junto al director de Logística, Salvador González Quezada, falsificaron las series de varias armas, para luego venderlas como legítimas.
Al coronel González Quezada también se le procesaba en el mismo caso, pero después fue separado de los demás.
En la etapa de investigación, la Fiscalía encontró pruebas que vinculan al oficial en al menos tres casos de supuesta inscripción fraudulenta de armas largas.
Las investigaciones detallan que Aristides laboraba como jurídico de la Dirección de Logística de la Fuerza Armada bajo el mando del Coronel Quezada.
Aparentemente, la labor de Figueroa era legalizar las armas irregulares para luego venderlas a los interesados a precios que oscilaban entre los 5,000 y 6,000 dólares.
Esos hechos al parecer sucedieron entre 2010 y 2012 y luego de una amplia investigación y denuncias de las personas afectadas, se vinculó al director de Logística, a un médico, a un particular y al teniente Figueroa.
Las autoridades en la indagación determinaron que los fusiles no tenían número de serie de fábrica por haberlos alterado en el grabado original y en su lugar se colocó otro.
Según la Fiscalía, el director de Logística en supuesto apoyo de Figueroa, se valía de su cargo para vender armas alteradas y registradas de manera ilegal.
La Fiscalía determinó en sus investigaciones que los clientes de las armas cumplían con los requisitos para la adquisición de los artefactos.
A pesar de haber cuatro personas involucradas en estos delitos, tres personas han sido separadas y en esta ocasión solo se procesa al teniente Figueroa.
Los militares fueron detenidos en sus residencias entre septiembre y octubre de 2012, a quienes al parecer les incautaron algunas armas, para las cuales no ofrecieron la documentación que respaldaran su legal tenencia.
En una de las residencias, las autoridades hallaron 15 armas de fuego, 13 pistolas y dos fusiles calibre 22, que en apariencia tenían registros falsos.
También en otra vivienda encontraron cuatro armas de fuego, pero tres estaban supuestamente legales en sus registros.