Dirigentes de partidos políticos advirtieron que el caso de corrupción de la estatal brasileña Petrobras, donde están mencionadas dos empresas relacionadas con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), es un llamado de atención para que en El Salvador se revisen los antecedentes de las compañías que participan en las licitaciones públicas y se evite arrastrar a las instituciones en conflictos internacionales.
Al respecto las firmas Queiroz Galvao, que realiza la construcción de la expansión de la presa 5 de Noviembre, y Norberto Odebrecht, empresa que precalificó para la continuación de la construcción de El Chaparral, están ligadas en Brasil a un esquema donde se sobornó a políticos y se infló el costo de proyectos como parte del modo de operación, según las versiones de la fiscalía brasileña y la policía federal del país sudamericano.
De este modo, la directora de asuntos políticos y diputada de ARENA, Margarita Escobar, consideró importante empezar las investigaciones de cómo se dio el contrato entre la CEL y Queiroz Galvao, sobre todo por los costos del proyecto y su relación con los estudios de factibilidad técnica y financiera.
“Se debe profundizar en el caso para conocer si existe o no relación con la forma de operación que han denunciado autoridades brasileñas. Es preocupante que esta situación afecte los trabajos en la 5 de Noviembre, sobre todo porque hay dinero público de por medio”, analizó la legisladora tricolor.
Por su parte el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, criticó la falta de rigor en los procesos de licitación por parte de CEL y recordó que los funcionarios deben de ser “más cuidadosos” al seleccionar a empresas donde hay millones de dinero público.
“Vemos que en el gobierno se están dando todo tipo de relaciones, en diferentes obras de gran magnitud. Los dineros del Estado son sagrados y hay que saber dónde y en quién se invierten, hay que revisar los precedentes de las empresas”, subrayó el también diputado.
La ruta del dinero de los contratos de constructoras con Petrobras empezó cuando el Banco Central de Brasil constató operaciones millonarias y sin justificación realizadas por gerentes y altos ejecutivos de Queiroz Galvao, Odebrecht, Camargo Correa, Mendes Junior y OAS. Con ese dato, la Policía Federal de Brasil ha empezado a actuar desde hace ocho meses.
En este sentido Escobar enfatizó en que es el momento de llamar al presidente de CEL, David López Villafuerte, para que explique ante la Asamblea Legislativa si el caso Petrobras afectará los trabajos en la central hidroeléctrica.
“Yo esperaría que no existan semejanzas entre lo que están indagando las autoridades brasileñas y los procesos que realiza la CEL. Por transparencia la autónoma debe de aclarar cómo fue el proceso de otorgamiento del contrato a Queiroz Galvao, eso es clave”, reflexionó la diputada.
Las constructoras investigadas juegan un papel fundamental en la economía brasileña porque generan ingresos combinados de 150,000 millones de reales ($58,000 millones) y ejecutan proyectos que van desde represas hidroeléctricas hasta instalaciones para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, indica el periódico Folha de Sao Paulo.
Mientras tanto, los diputados Escobar y Parker coinciden en que las autoridades fiscales salvadoreñas “deberían” estar dispuestas a colaborar con las autoridades brasileñas, sobre todo para descartar salpicaduras del caso Petrobras en El Salvador.
“Si las autoridades de Brasil piden información de los contratos de las empresas en El Salvador hay que ayudar. No se puede permitir que la corrupción internacional afecte a las instituciones del país”, puntualizó Parker.