Las nuevas reglas administrativas y de seguridad que han implementado las autoridades de la Dirección General de Centros Penales, (DGCP), para tener más control en las cárceles, podrían haber sido la causa de los dos últimos ataques que se han perpetrado contra empleados de la referida institución.
El director de la DGCP, Rodil Hernández, afirmó a El Diario de Hoy que los ataques podrían ser una de las causas de los hechos, pero se están investigando los hechos.
A finales de agosto, el ministro de Seguridad, Benito Lara y el propio Hernández, anunciaron las restricciones durante una reunión con todos los directores de las cárceles.
Un día después del anuncio, los directores de las prisiones informaron en las cárceles las nuevas reglas. En Ciudad Barrios se notificó durante la mañana y en Gotera se realizó en la tarde.
Según fuentes penitenciarias, las nuevas medidas provocaron descontento en los reos del Centro Penal de Ciudad Barrios, en San Miguel y en San Francisco Gotera, en Morazán.
En ambas cárceles, se encuentran recluidos los cabecillas de la mara Salvatrucha desde marzo de 2012, cuando el Gobierno los benefició y ordenó sus traslados desde el penal de máxima seguridad hacia las referidas cárceles.
Los anuncios provocaron disgustos en los pandilleros del penal de Gotera y amenazaron con no ingresar a las celdas y provocar amotinamiento. Después de varios minutos se controlaron y no hubo incidentes.
Mientras que en la cárcel de Ciudad Barrios, donde está presa la cúpula de MS, los reclusos se quejaron de los nuevos controles y dijeron que “iban a haber sorpresas”, de acuerdo con las fuentes.
Ataque a un grupo de empleados de la DGCP
Horas después que los pandilleros del penal de Ciudad Barrios realizaran la referida amenaza, tres empleados de la DGCP entre ellos, dos integrantes del equipo técnico y un empleado de las tiendas penitenciarias, fueron atacados cuando se dirigían hacia la terminal de buses de San Miguel.
Las fuentes no dudan en señalar que a “las sorpresas” que los pandilleros de Ciudad Barrios se referían, era al referido ataque contra los profesionales.
Sin embargo, las investigaciones no han afirmado la referida versión. Hernández asegura que siguen las investigaciones.
Los informantes señalaron que entre las víctimas está un abogado del Equipo Técnico, quien se ha reservado su identidad por seguridad.
El profesional que tenía varios años de trabajar en Centros Penales, recibió tres balazos, uno en la cabeza y dos en la espalda.
Desde esa fecha, el abogado se encuentra internado en el Seguro Social. Hasta la semana pasada, los médicos no habían logrado extraerle la bala que tiene alojada en la cabeza.
La Policía detalló que el hecho se cometió por dos sujetos, desde un carro en marcha.
Los otros dos empleados se tiraron al suelo tras percatarse de los disparos. Una de ellos era la trabajadora social.
Después del ataque, la profesional renunció a Centros Penales, según lo afirmó el director de la DGCP, Rodil Hernández.
Las fuentes señalaron que la profesional renunció por temor a ser asesinada por los pandilleros. Los tres empleados recién se habían bajado de un carro de Centros Penales que los había trasladado desde el penal de Ciudad Barrios hacia San Miguel.
Los profesionales permanecieron durante todo el día en la cárcel de Ciudad Barrios realizando evaluaciones a los reos.
Desde esa fecha, la revisión de expedientes de internos en ambas cárceles no han sido constante, de hecho, los empleados no iban todos los días a la misma cárcel. Ante la falta de un equipo técnico en cada reclusorio, los profesionales visitaban el penal de Usulután, Gotera, La Unión y Ciudad Barrios.
La falta de un equipo técnico en el penal de Ciudad Barrios, ha causado molestia en los pandilleros, ya que aseguran que muchos reos cumplen con los requisitos para optar a la libertad. Además alegan que no hay programas de reinserción o talleres para los reos.
Otro ataque a empleados en Chalatenango
La semana anterior Hernández volvió a informar en diferentes medios de comunicación las “nuevas medidas de control, como el no ingresar dinero, control de visitas, no celulares, solo iluminación y no conexiones eléctricas”, entre otras.
Además, se regulará el ingreso de electrodomésticos y otros objetos que en los últimos meses se les ha permitido a los reclusos, como televisores tipo plasma, cocinas y aparatos de sonido.
Una semana después de los anuncios de Hernández, dos pandilleros que se conducían en una motocicleta atacaron a balazos al subdirector del Centro Penal de Chalatenango, Joaquín Antonio Dimas Morales, quien resultó gravemente herido.
Dimas Morales era parte del Equipo Técnico y evaluaba sicológicamente a los pandilleros del penal de Chalatenango y tenía el cargo de subdirector técnico. La abogada del mismo Equipo Técnico, iba acompañando al sicólogo al momento del ataque, sin embargo, logró evadir los disparos y corrió para refugiarse.
La profesional se regresó hacia el penal de Chalatenango y dio aviso de los custodios y demás compañeros.
Dimas Morales fue auxiliado por custodios del referido penal y lo trasladaron a bordo de un vehículo de la penitenciaría al hospital nacional de Chalatenango.
Hasta ayer se conoció que el sicólogo se encuentra grave en el hospital. Según Rodil Hernández, el sicólogo “se debate entre la vida y la muerte y se encuentra en coma”.
De acuerdo con el informe médico, Dimas Morales tiene dañado el páncreas, el bazo, un riñón y hay una perforación de bala en un pulmón.
Compañeros de trabajo del penal de Chalatenango, afirmaron que Dimas Morales les expresó en varias ocasiones que fue amenazado por los pandilleros, pero no detalló por qué y cuándo.
Las fuentes señalaron que también la víctima había pedido traslado hacia otra cárcel por las amenazas.
Hace dos días, Hernández dijo que no tenía conocimiento si su empleado había pedido traslado.
El ataque se produjo a las 3:37 p.m., en el momento en que Dimas Morales caminaba en la calle principal del barrio La Sierpe, conocido como La Gramita, a inmediaciones del centro penal.