Crear una mesa que diseñe una política para reducir los altos índices de impunidad criminal será una de las propuestas que hará la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.
Además, propondrá que se estudie la iniciativa de elevar “el costo de delinquir a las personas que cometan infracciones” al convertir los delitos menores en faltas y que estas tengan sanciones económicas en vez de ir a la cárcel. Estas faltas tendrían que ser depuradas por los Juzgados de Paz, según la propuesta.
“Son faltas (delitos leves) que actualmente generan un alto costo para el Estado en el proceso judicial y que se puedan convertir en un alto ingreso económico para el Estado”, señaló Jorge Daboub, presidente de la ANEP.
Daboub agregó que “en vez de que le genere un costo al Estado, en promedio mil dólares por delincuente capturado y enviado a los tribunales; y que solo lo agarren dos días y (luego) se va para fuera, que pague, en lugar que le cueste mil dólares al Estado que le cueste dos mil dólares al delincuente”, dijo.
La gremial empresarial ha calculado que si el infractor paga una multa económica por la falta cometida, el Estado puede obtener hasta 40 millones de dólares anuales, los cuales puede invertir para dotar de mejores recursos a la Policía.
Con el nuevo enfoque se estaría reduciendo de 11 funcionarios que por ahora intervienen en el proceso de captura y judicialización por cada capturado, a utilizar solo cinco funcionarios (es decir un ahorro de más del 60 %), según explicó Daboub.
En ese sentido, la gremial empresarial recomienda que se cambie el enfoque estratégico en el combate del crimen encaminado a revertir las altas tasas de impunidad que existen en el país, para recuperar la credibilidad en las instituciones de seguridad y de justicia del Estado.
Además, propone la recuperación de las zonas asediadas por las pandillas y que exista un uso eficiente de los recursos para combatir la criminalidad.
Los altos niveles de criminalidad que ha llevado a tener 11 homicidios y nueve denuncias por extorsión al día, ha generado una percepción de impunidad, porque el delincuente no recibe la sanción penal que se merece por haber incurrido en algún delito, señala la gremial empresarial.
También, detalla que la población tiene una percepción de deficiencia en el funcionamiento de los sistemas de Seguridad y Justicia, lo cual representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país.
La gremial empresarial considera que las soluciones a los problemas de inseguridad ciudadana deben de ser prácticas y no ideológicas.
“Al país lo tienen en el precipicio, en el abismo, porque no están tomando decisiones pragmáticas, sino decisiones ideológicas, siguen con una Policía politizada, ideologizada, eso nunca va a generar la confianza para que funcione; siguen con una visión de querer arreglar de acuerdo a su ideología y no de acuerdo a lo que en realidad funciona en una sociedad y en un país”, dijo el dirigente empresarial.
Tomando en cuenta que entre el 2011 y septiembre del 2014 se han capturado a 192,290 personas por distintos delitos y los cálculos de ANEP de que cada arresto le cuesta al Estado en promedio mil dólares, eso significa que el Estado ha invertido 192 millones 290 mil dólares, sin contar con el gasto para el mantenimiento de los reclusos en los centros penales.
“Es un aproximado de lo que le cuesta al Estado entre Policía, Fiscalía, defensa pública, todo eso tiene un costo y cuando se atrapa a alguien que manejaba ebrio, todo ese proceso de captura y enviarlo a los tribunales de justicia cuesta mil dólares”, dijo Daboub.
En el informe del primer semestre del año, presentado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señala que durante el año pasado registró 2,750 casos de homicidios.
Con base en datos proporcionados por la misma Fiscalía, el año pasado judicializaron 1,944 casos de homicidios, por los que fueron acusados 4,529 personas (en un caso puede haber más de un imputado).
Sin embargo, ese mismo año solo se obtuvieron 831 condenas por homicidio y otros 548 sospechosos fueron exonerados del mismo delito.
Basado en esas cifras se puede establecer que por cada 10 procesados por homicidio solo dos son condenados, refiere el documento.
En el primer trimestre de este año, Fiscalía reportaba 1,395 casos de homicidio judicializados y se tenían 258 sentencias condenatorias.
Lo mismo sucede con el delito de extorsión. En el 2013, Fiscalía judicializó 1,999 casos por ese delito, en los cuales se procesaron 4,850 imputados. Ese mismo año se condenaron a 1,627 extorsionistas, lo que representa una relación de 3.4 condenados por cada 10 procesados.
Para el primer trimestre de este año se judicializaron 1,728 casos de extorsión y se obtuvieron 357 sentencias condenatorias.
Lo que señala ANEP es que si un país posee altos índices de impunidad criminal, difícilmente los planes de combate y prevención de la criminalidad van a dar resultados favorables y sobre todo si en esos planes no se contempla la tecnificación y profesionalización de la investigación del delito grave, como el homicidio y la extorsión.
ANEP sostiene que en El Salvador ocurre todo lo contrario, porque cada año se viene elevando el presupuesto del ramo de Seguridad Pública en detrimento del presupuesto de la Fiscalía General, lo que supone que hay una falta de interés por mejorar la investigación criminal. Para este año, el presupuesto para Seguridad y Defensa asciende a 571 millones de dólares.
Cifras de la Policía detallan que 52,888 personas fueron arrestadas durante el 2012, de las cuales 29,054 fueron delitos leves tales como resistencia, amenazas, lesiones, agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y portación ilegal de armas de fuego, entre otros.
Similar situación se registró al año siguiente, 2013, en el que según los registros de la Policía, hubo 44,550 detenciones, de las cuales 24,168 correspondían a delitos menos graves. Entre enero y septiembre de este año, la Policía registra 37,430 personas capturadas, 21,697 de las cuales también cometieron delitos menores.
“No es cierto que toda captura genera una condena, y tampoco es cierto que las capturas inciden en la disminución de los delitos de mayor impacto social”, señala la gremial.
Destaca, además, que las autoridades policiales miden la eficacia policial por el número de capturas y no por la reducción de la criminalidad.