El experto jurídico, Francisco Bertrand Galindo, explicó ayer que la resolución de la Sala de lo Constitucional, respecto al proceder de la empresa Dicom (Equifax), es un proceso distinto al que hizo la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para cerrar este buró de crédito.
De acuerdo con las interpretaciones de ley que ha echo Bertrand Galindo, la SSF basó el cierre de la compañía en el incumplimiento de ley que regula la inscripción y operación de los burós de crédito, aprobada en 2011, y no sobre la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, que solo ordenó a la compañía no comercializar los datos ni tenerlos en su base de datos sin el consentimiento de las personas registradas.
“La Sala de lo Constitucional no habló de suspender a Dicom. El Superintendente la cierra basándose en que incumplió la ley de burós. Son dos procesos diferentes”, señaló el experto en leyes.
Por otra parte, Bertrand Galindo dijo que, si bien la relación de los funcionarios de gobierno en el buró de crédito Infored y de Ricardo Perdomo entre sí, da pie a suspicacias, no cree que pueda haber un conflicto que riña con la ética gubernamental.
“Habría que investigar en qué año pidió Infored la autorización para operar como buró de crédito, porque si se lo ha solicitado hace dos meses, no sería posible que la SSF actué con tanta diligencia”, razonó.
“Si todo se ha hecho de forma legal y ha cumplido todos los permisos, no tendría que haber problemas. Lo que genera suspicacias es la relación en que se aprueben sus permisos al mismo tiempo que se cierra otro”, reflexionó.
La Superintendencia del Sistema Financiero otorgó el permiso a Infored dos días después que ordenara a Dicom (Equifax) el cierre de sus operaciones y le exigiera la base de datos que contiene el récord crediticio de millones de salvadoreños que alguna vez han solicitado un crédito, ya sea en bancos o, incluso, en casas comerciales y empresas de telefonía. El proceso se abrió en la CSJ debido a una demanda presentada por Indata.