El sistema penitenciario enfrenta una crítica situación de hacinamiento que sobrepasa el 300 por ciento de su capacidad real. Hasta el 13 de octubre pasado, había 27 mil 703 reclusos en los 19 centros penales del país, cuando la capacidad real de internamiento es de 8 mil reos. Del total de la población reclusa, 25 mil 50 son hombres y 2 mil 653 mujeres.
En julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, reconoció que la sobrepoblación ascendía a un 326 por ciento.
Los más de 27 mil internos son custodiados por 1,402 guardias penitenciarios, según Fusades, en su informe semestral de este año.
De la totalidad de la población reclusa, 22 mil 273 cumplen distintas condenas y 5 mil 430 aún son procesados judicialmente. Además 20 mil 40 reos solo han cursado la primaria y la secundaria. Hay 4 mil 989 reos que son bachilleres y 500 con estudios universitarios. A eso se le suman 2 mil 120 que no tienen preparación educativa. Son extranjeros 447 reclusos, en su mayoría nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos.
A esa cantidad se le suman los casi 5 mil reos que se encuentran en las bartolinas policiales de todo el país y las cuales tienen capacidad solo para 1,500 presos. La mayoría de los recluidos en las celdas policiales tienen entre siete y un año de permanecer en esos lugares.
En su informe semestral, Fusades señala que el Comité Europeo para los Problemas Criminales considera “grave” todo hacinamiento carcelario superior al 120 por ciento, como ocurre en El Salvador.
Además expresa que la realidad penitenciaria ha llevado al PNUD a identificar a El Salvador como “el país con la sobrepoblación penitenciaria más grave de la región latinoamericana”.
El PNUD destaca, en una encuesta realizada en el sistema penitenciario, que encontró que el 55 por ciento de los encuestados dijo “sentirse más seguro en el penal que en el lugar donde vivía antes”.
El ministro Lara ha señalado que su principal apuesta para el descongestionamiento carcelario será el uso de los brazaletes electrónicos para la localización de los reclusos beneficiados con la libertad condicional , y las oportunidades de trabajo para los reclusos fuera de las prisiones.
Descartó la construcción de más centros penales. Sin embargo, el préstamo de 71 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para mejorar las condiciones penitenciarias, sigue sin ser ejecutado.