a contradicción entre las intenciones de negociación del vicepresidente Óscar Ortiz frente a los comunicados de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para evitar el cumplimiento del fallo de la Corte de Arbitraje Internacional, le genera dudas a Enel Green Power.
Además, según su asesor legal, Francisco Bertrand Galindo, la propuesta de la directiva de LaGeo de desmontar la principal unidad geotérmica de la planta geotérmica de Berlín, Usulután, debido a una solicitud de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), es interpretada por el inversionista italiano como un mal mensaje que no ayuda a la solución del conflicto con CEL e Inversiones Energéticas (INE).
Todo esto, en perspectiva de Bertrand Galindo, es un “doble discurso” que demuestra el poco interés del Gobierno, representado en CEL e INE, de establecer una negociación, algo que se refleja incluso en las últimas medidas de las nuevas autoridades energéticas del país de no incluir a los representantes de Enel en la Juntas Directivas de las empresas subsidiarias de La Geo, con énfasis en la Perforadora Santa Bárbara y San Vicente 7 Inc.
“El acuerdo de participación en las juntas directivas de las subsidiarias siempre se respetó, a pesar de las tensiones con la anterior administración, pero hoy, la nuevas autoridades de CEL e INE lo primero que hicieron fue separar a los representantes de Enel. Esto se lee como un gesto nuevo de hostigamiento y poca transparencia porque en el manejo de fondos de las subsidiarias, el socio minoritario ya no se tendrá facultad de supervisar”, subrayó Galindo.
Por ello, la propuesta de la gerencia de La Geo a la junta directiva de la institución de cerrar la unidad III de generación del campo de Berlín para demostrar ante Siget que la turbina falló (y que por eso no generó entre 2007 y 2010 la energía estipulada en el contrato de concesión) es una “distorsión de la verdad”, lo cual terminará afectando a los salvadoreños en relación al costo del recurso energético.
“Esta locura significa cerrar el pozo que más energía geotérmica genera, la turbina produce el 5 % del recurso eléctrico en el país y por lo tanto no tiene sentido seguir un capricho y querer demostrar algo cuando ya se perdió en el laudo y la contrademanda en el arbitraje. Esta decisión significaría vender energía más cara porque la única opción de reponerla es a través del petróleo”, consideró el asesor.
De este modo, para Enel existe la impresión de que el CEL o en INE hay una “línea dura” impulsada por funcionarios que no van en el línea del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en relación a la política del diálogo y la negociación sobre los temas de importancia para el país. Para el caso, Bertrand Galindo ejemplificó que hoy en la gerencia de La Geo está Tomás Campos, extitular de la Siget en la administración del expresidente Mauricio Funes.
Por otra parte, luego de que la Corte de Casación Francesa dejará en firme el laudo, Enel no ha dado marcha atrás a sus planes de inversión que suman los $128 millones, lo cual convertiría a la firma italiana en accionista mayoritario de La Geo.
Así, Bertrand recordó que Enel sigue en disposición de negociar los acuerdos y definir precios incluso en relación alas acciones. Sin embargo, por parte de CEL-INE no se ha establecido sus contrapropuestas.
“Las empresas del gobierno deben de entender que el laudo es final y debe de cumplirse, de forma voluntaria, para evitar las vías judiciales como la Convención de Nueva York o las homologaciones ante la Corte Salvadoreña que son dos mecanismos con los que cuenta Enel”, puntualizó Bertrand.
El laudo que favoreció al inversionista italiano fue emitido en mayo de 2011 y ratificado por la Corte de Casación de París el pasado septiembre.