A ocho años de su constitución, la sociedad de economía mixta Alba Petróleos “presenta una evidente vinculación con el principal liderazgo del partido de gobierno (FMLN) y débiles controles en relación al uso transparente de los fondos”, denuncia Fusades en su informe especial.
La conformación orgánica de Alba Petróleos se basa en una relación entre el Gobierno de Venezuela y las alcaldías del FMLN, dice el tanque de pensamiento.
Al incluir a los asesores de Alba Petróleos, se observa la presencia de miembros del FMLN en 8 cargos directivos. Entre ellos, 2 son miembros de la Comisión Política del partido. “También es importante destacar la presencia del presidente de Alba Alimentos, José Luis Merino, como parte de la Junta Directiva de Alba Petróleos”, dice el documento.
En ese sentido, recuerda que la estrecha asociación entre un partido político y una empresa no es admisible desde la perspectiva de la teoría de la democracia.
“Va en contra de los principios del juego democrático que un partido político opere de manera conjunta con una empresa, pues se trata de organizaciones con finalidades muy diferentes”, enfatiza el documento.
Recuerda que en septiembre de 2014, el Secretario General del FMLN, Medardo González, reconoció el apoyo que Alba Petróleos brindó a la campaña presidencial de Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.
La Universidad de Salamanca señaló en un estudio sobre clientelismo político en El Salvador que la coordinación o integración de hecho entre las dos organizaciones, Alba Petróleos y el FMLN, es visible y pública, con numerosas manifestaciones en la prensa y en discursos partidarios.
Además, para Fusades, debe señalarse que la importación de petróleo implica la adquisición de una deuda y el pago de la misma en diferentes plazos, obligación que en la actualidad recae en Alba Petróleos.
La empresa debe pagar el 60% de la factura en un período de 90 días a una tasa de interés del 2% y el restante 40% a un plazo de 25 años –incluyendo dos años de gracia– con una tasa de interés del 1%.
“Tal condición es claramente una ventaja financiera, debido a que no existe la responsabilidad de pagar inmediatamente cerca de la mitad de la cuenta petrolera… De acuerdo con el último balance general disponible, la deuda acumulada a largo plazo al año 2013 es de $754 millones, monto que podría representar el flujo de efectivo con el que se favorece la sociedad”, dice el documento.
Por lo mismo recuerda que las legislaciones de las democracias constitucionales, entre ellas la ley de partidos políticos de El Salvador, buscan mantener la distancia entre uno y otro tipo de organizaciones.
La relación entre el Gobierno de Venezuela y las alcaldías salvadoreñas tiene diversas repercusiones políticas, entre las que destaca la rendición de cuentas sobre los fondos obtenidos por su participación en Alba Petróleos. Hasta la fecha –y aún y cuando han intervenido fondos públicos provenientes de las alcaldías– ni la Asamblea Legislativa, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Corte de Cuentas han ejercido fiscalización alguna sobre Alba Petróleos. Lo anterior, pese a que la ley permite a la Corte de Cuentas fiscalizar a las sociedades de economía mixta, pero se limita a “inspeccionar los libros y registros de las compañías”.
Fusades cuestiona que “hay una muy débil regulación para la fiscalización de los recursos”, ya que no se exige la realización de auditorías para cada ejercicio fiscal, a pesar de que el capital social de la sociedad de economía mixta compromete fondos públicos derivados de la participación de las municipalidades que integran Enepasa.
Tampoco se realiza un examen amplio sobre el cumplimiento de las responsabilidades administrativas-financieras de la empresa.
Para el director del Departamento de Asuntos Políticos de Fusades, Luis Mario Rodríguez, recordó que hay un contraste entre los casos de Nicaragua y República Dominicana, en el último de los cuales hay controles que permiten que los fondos del acuerdo sean transparentes.
“En el caso del (modelo) nicaragüense, no se reconoce ese financiamiento como deuda pública, por lo tanto está exento de control por parte de la Corte de Cuentas, no hay acceso ciudadano al uso de ese dinero, y por lo tanto podría estar siendo eso utilizado como una fuente de financiamiento para actividades que contribuyen a la reelección del gobierno por favores a los electores”, manifestó Rodríguez.
Por otra parte, el encargado del Departamento de Estudios Políticos señaló que los fondos deben estar bien transparentados para evitar que haya financiamientos políticos, como en el caso del FMLN, cuyo secretario general admitió que Alba Petróleos que contribuyó con la campaña de ese partido en las elecciones presidenciales de 2014.
“Por eso, en el caso de Fusades, lo que se pide en este documento es que también al transparentar el financiamiento que viene de Petrocaribe se contribuye a que también el financiamiento político esté totalmente a la vista de los ciudadanos. Eso tiene que ser otra reglamentación jurídica que debe hacerse a la ley de partidos”, dijo.
Para Luisa Solano, quien ha sido investigadora en el informe, también se debe garantizar el respeto al marco jurídico relacionado con la seguridad alimentaria, ya que el convenio de Petrocaribe busca que el petróleo sea pagado por el país con granos básicos. y otros insumos.