SANTA ANA. La familia Ramírez, de una comunidad de la línea férrea en El Congo podrá ahorrar 30 dólares mensuales que invertía para comprar dos barriles de agua diarios, debido a la falta del servicio de agua potable.
Ella, junto a residentes de 20 comunidades de Santa Ana y Sonsonate fueron favorecidos con los permisos para agua y energía eléctrica.
Dolores Ramírez, de 44 años, explica que después de 17 años de padecer la misma situación ahora vislumbran una pequeña luz en el camino. Aunque está consciente de que aún necesitan más ayuda, pues los documentos que le otorgaron solo le garantizan el permiso, pero no incluye la conexión.
Su situación económica es complicada, porque Dolores es ama de casa, mientras que su esposo tiene que buscar el sustento diario para ellos y sus seis hijos, entre 10 y 2 años de edad. “Si hay alguien que nos ayudara, nosotros lo agradeciéramos”, dice la mujer.
Otra lucha que las familias tienen pendiente es la legalización de los terrenos, pues continúan siendo del Estado.
Para el presidente de la Cepa, Nelson Vanegas, los permisos es “un esfuerzo” de la institución que contribuirá a mejorar la vida de quienes viven a los lados de la línea férrea.