ARENA dice que definitivamente la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) no debe quedarse con la base de datos que maneja Dicom, la empresa que comercializaba la información crediticia de miles de salvadoreños; en tanto que GANA dice no tener claridad de cómo deberá ser el proceso, y CD es de la idea que ante el cierre de la empresa, ordenado por la SSF, esta entidad debe resguardar la información.
“Debería regresar a sus dueños, o al menos debe ser manejada por la Superintendencia del Sistema Financiero, mientras no se tenga un buró de créditos para que la utilice; por lo tanto no puede (Dicom) seguir usándola si no tuvo el consentimiento (del ciudadano)”, manifestó Douglas Avilés, de CD.
Pero Mariella Peña Pinto, de ARENA, no piensa igual. “Deberían deshacerlo (los datos personales) inmediatamente. A mí no me han pedido permiso que me tengan allí. ¿A usted le pidieron permiso? Lo más triste es que mucha gente paga y sigue saliendo, y comienzan a sacar los nombres de la gente (en los periódicos) cuando la podrían llamar”, manifestó.
Mientras que Francisco Zablah, de GANA, expresó que tenía conocimiento que la SSF ha ordenado la clausura de la empresa Dicom, mientras esta no cumpla con todos los requerimientos establecidos en el reciente fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la obliga a depurar la información crediticia que manejaba de las personas sin su consentimiento.
“Yo entiendo que se ha cerrado (Dicom) porque no tenía los permisos, entiendo que Ricardo Perdomo (Superintendente del Sistema Financiero) está actuando conforme a derecho, si no tiene los permisos, no puede operar, también entiendo que hay información que no estaba autorizada por la persona, no es legal que la ocupen”, aseveró Zablah.
Llamarán a SSF y a la DC
Ayer por la tarde Avilés, de CD, pidió a la Asamblea convocar a la Comisión Financiera Legislativa a Perdomo, el Superintendente Financiero, y a la presidenta de la Defensoría del Consumidor (DC), Yanci Urbina.
Según Avilés, es para conocer de primera mano por parte de Perdomo, de cómo se está vigilando que se cumpla la sentencia de la Sala de lo Constitucional, sobre el manejo de información personal crediticia que hasta hace poco era manejada por Dicom.
Además, reveló que según la Defensoría del Consumidor, en esa entidad han registrado 451 denuncias sobre violaciones del historial crediticio, es decir de personas que se quejan que ya están solventes de pagos y aún así Dicom las mantenía dentro de su base de datos como morosas, por lo que no pueden acceder a créditos, dijo Avilés.
“En muchos casos no lo hacen (Dicom sin actualizar datos) son 451 casos de denuncias que superan más de $2 millones de afectación de personas que pidieron créditos y les han sido negados, pese a que alegan que se encuentran solventes y no deberían ser detenidos sus créditos”, explicó Avilés.
Ante esto, dijo que ha solicitado al Congreso que llame a la SSF y a la Defensoría del Consumidor para que expliquen a los diputados con la mayor urgencia posible, sobre el estado de cumplimiento del fallo de la CSJ.
Además, que la DC amplíe sobre las denuncias que ha tenido “y en qué consisten y qué medidas están adoptando para resolver la temática”, acotó. Recordó que Dicom violentó la Ley del Historial Crediticio del Consumidor vigente desde 2011.