Los medios de comunicación privados están literalmente en la mira del gobierno. La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores de El Salvador (Asder) denuncia una serie de acciones desde instituciones del Estado con las que dice se ataca a los medios independientes. Y por el otro lado, hay un canal de televisión que defiende al oficialismo e invita a la ciudadanía a tener bajo la mira a los medios.
El canal 29 Gentevé, el que según registros de Siget es propiedad de Jorge Hernández, un exentrevistador cercano al FMLN, se dedica a vigilar a otros medios. A través del programa “En la mira” insta a la ciudadanía a dudar de los que informan los medios porque “contar mal una historia es casi lo mismo a mentir”.
Bajo la consigna del “derecho a la comunicación”, el referido programa, que se dedica a criticar al partido ARENA y a difundir noticias afectas al régimen, enfiló sus dardos a El Diario de Hoy el pasado 25 de septiembre, acusándolo de publicar un suplemento anónimo y con el que se iniciaba una “campaña sucia”.
Sin embargo, el inserto en cuestión, que se denominó “Extra!” y señala las complicaciones del retraso de un año del proyecto Sitramss, sí tiene firma del responsable en la página 3. “Este es un servicio social gracias a ARENA”, se lee y señala como fuente las publicaciones de medios.
Pero el conductor del programa pasa por alto este dato y repite mensajes falsos: “Vea usted, nadie se responsabiliza por ella, que se dedica a atacar al Sitramss, utiliza calificativo como engaños”, afirma.
Además, llama a preguntarse quién paga esta “publicación plagada de calificativos” contra el gobierno y por la que, según él, se pagó más de $5 mil.
Asegura, además, que un sector de la prensa, sin definir quiénes, se ha dedicado a “utilizar” el proyecto del Sitramss para “intentar desgastar” la gestión del Ministerio de Obras Públicas.
Luego de su diatriba que combina con una defensa del gobierno, finaliza señalando un ejemplar del Diario de Hoy y alega: “Usted tiene derecho a conocer respuestas a estas preguntas, exíjalas porque es su derecho a la comunicación. Por esto y más los medios de información deben estar en la mira”.
Coincide este enfoque del programa de canal 29, con intentos del partido en el gobierno, tanto desde la Asamblea Legislativa como desde el gobierno y de organizaciones afines, de regular los contenidos de las informaciones de los medios privados.
Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebra su asamblea general en Santiago de Chile, se ha advertido esta semana de amenazas de censura y de bloqueo a la información pública, al tiempo que detalla varias acciones emprendidas desde el Ejecutivo como acoso a periodistas y a medios, además de autorizaciones irregulares como el traslado del canal 31 al canal 11 propiedad de la empresa TVRed.
Precisamente, en el marco de ese polémica autorización expedita bajo la administración Funes de un canal UHF a un VHF, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder) ha venido denunciado acciones contra la libertad de prensa y de expresión.
Luis Roberto Chávez, asesor jurídico de Asder, mencionó en una entrevista en canal 12 que hay varias vías de ataque, una de ellas es para “silenciar a los medios, silenciar las críticas, silenciar, o como en algunos países se conoció, como la famosa Ley de Medios”.
Otra vía que señaló Chávez es un proyecto de ley de radio, espectáculos públicos, radio y televisión en el que trabaja el Ministerio de Gobernación desde el año pasado y a la que agregarían el uso de Internet.
“Este proyecto, increíblemente, dice que van a revisar todas las producciones multimedia, donde incluye toda producción de televisión… pero van más allá, inclusive dice que le da facultades al Ministerio, regulaciones sobre los contenidos de Internet, o sea, blogueros, redes sociales, Twitter, todo eso está ahí”.
Agregó Chávez que esta iniciativa no es aún un anteproyecto de ley pero que lo va “anticipando”, pues tienen información de que han venido haciendo “una consulta subterránea”, una forma de bajarles el volumen a los medios.
Y una tercera vía, para Asder es “desestabilizar los medios” a través de un ataque a la publicidad y menciona un proyecto de ley de soberanía alimentaria que está muy bien por el lado que busca que el país produzca lo que consume y según cuadros nutricionales pero, por el otro lado, declara que han descubierto al menos ocho propuestas de ley relacionadas que regula la publicidad.
“Toda la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas iba a estar bajo decisión del ministro de Salud… hablaba, por ejemplo, que el patrocinador no podría patrocinar esto, entonces, empieza con un montón de temas, medidas contra la telefonía, etcétera, etcétera”, se queja Chávez.
En julio anterior, varias organizaciones como la Mesa de Soberanía Alimentaria y la Plataforma Centroamericana de Economía Solidaria (Pecosol), apoyadas por diputados del FMLN, promovieron una solicitud de reforma al Código Penal para endurecer las penas a quienes, entre otras cosas, divulguen “hechos falsos, exagerados o tendenciosos” y con ello “pudieren producir desequilibrio en el mercado interno de mercancías…”
El informe de país, presentado anteayer ante la SIP, destacaba también cómo desde el gobierno se ha intentado incluir a los medios cual si fueran empresas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos que originó un fuerte debate en la Asamblea alrededor de si este tipo de iniciativas afecta la libertad de expresión y la libertad de prensa. Al final fueron excluidos.
Esa iniciativa, promovida por el FMLN, buscaba que los medios fueran sujetos obligados de ser fiscalizados cuando hicieran transacciones arriba de $10,000 en un mes.
Pero partidos como el PCN y ARENA contraargumentaron que los medios no reciben aportaciones como otras empresas. El FMLN argumentó que no se trataba de atentar contra las libertades, sino de hacer transparente el origen de los fondos que manejan, sobre todo los relacionados a la campaña electoral.
Las bancadas legislativas de los partidos de derecha lograron los votos para excluir a los medios de esa ley para no afectar la libertad de prensa ni de expresión, pues se abría una posible puerta a la coerción o acoso, algo que el partido en el gobierno negó que se tuviera esa finalidad.
SIP también denunció que “el gobierno mantiene un acoso administrativo contra los medios” y para ello utiliza instancias como el Ministerio de Trabajo para ejercer control o desde instancias financieras-fiscales solicitan todo tipo de información empresarial de los medios.
Desde el Ejecutivo, el presidente Salvador Sánchez Cerén ha dicho que dichas libertades no están ni estarán amenazadas en su administración. Ayer se intentó preguntar sobre ese tema al mandatario, luego de un evento en el contexto de la denuncia de la SIP, pero no dio declaraciones; luego este medio buscó al vicepresidente Óscar Ortiz, pero este tampoco dio espacio para preguntarle al respecto.
Sin embargo, el mismo Sánchez Cerén ha defendido la “democratización de los medios”, un concepto que se plasma en un anteproyecto de Ley de Medios y en otro sobre Radios Comunitarias, los cuales fueron impulsados por el gobierno anterior y aún no los estudia el Congreso.
Con una de esas iniciativas dice el gobierno que busca “democratizar” el espacio radioeléctrico y evitar el mecanismo actual de subasta de frecuencias televisivas que deja en desventaja a los que no tienen para apostar más.
Pero también está pendiente la derogación en la Ley de Imprenta, en la que se exime a medios escritos del impuesto a la importación de papel para la impresión de periódicos, y tanto funcionarios del gobierno como diputados y dirigentes del FMLN ha mantenido una campaña sistemática que hace ver ante la ciudadanía que los periódicos no pagan impuestos, algo que han desmentido en un comunicado la Asder y la Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños (AMPS).
También se ha logrado que el Tribunal Supremo Electoral sancione a los medios que difundan spots, cuñas, desplegados, campos pagados “que atenten contra la normativa electoral”, y en la campaña pasada logró frenar lo que no pudo en la Asamblea: “lesionar” la moral, el honor o la vida privada de los candidatos, algo que se puso en práctica en la campaña presidencial pasada. Esa decisión la hizo saber a los medios a través de una carta el TSE
Asder, AMPS, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Cámara Salvadoreña del Libro han rechazado toda acción que busque afectar a el trabajo de los medios.
Para la AMPS, así como está redactada la Ley de Medios Públicos se abre la puerta a la intervención gubernamental, ya que obligaría a los entes privados a “cooperar” en ciertas circunstancias y cuando lo determine el Consejo Nacional de Medios Públicos.
Sobre el anteproyecto de ley de radios comunitarias, la AMPS dice que se busca financiar a esos entes y eso les da ventaja por encima del resto de medios privados, algo que ha negado ARPAS, que aglutina medios comunitarios y que defiende que, con esa ley, solo buscan un pequeño porcentaje fijo de la frecuencias.
Para José Luis Benítez, Relator de Libertad y Expresión de la Asociación de Periodistas Salvadoreños (APES), estas propuestas deben verse como “una posibilidad para que en el país se abra un debate amplio e incluyente sobre la necesidad de un nuevo marco regulatario de la comunicación que tome en cuenta el desarrollo de las tecnologías y los procesos de transición hacia la televisión digital de señal abierta”.
Fusades, a través de su director de Estudios Legales, Javier Castro, recuerda: “Hay jurisprudencia constitucional aquí en El Salvador que le da esa protección a la libertad de expresión y también convenios internacionales, y es por eso que tenemos que ver cómo protegemos”.