Cientos de personas que esperaban tramitar sus solvencias de antecedentes penales se vieron afectadas ayer, debido a que miembros del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) bloquearon la entrada al resto de empleados administrativos. Lo mismo hicieron en varios centros penitenciarios del país.
Los sindicalistas exigían la firma de un contrato colectivo así como la destitución del director del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, debido a supuestos malos tratos que da al personal que labora en esa prisión.
De acuerdo con los quejosos, el director obliga a empleados a pasar por escáneres y a someterse a la prueba del polígrafo. “Los están tratando peor que a delincuentes”, afirmó un empleado.
Afectados afirmaron que la falta del servicio les causaba problemas y atrasos, ya que las empresas en las que solicitan trabajo les dan poco tiempo para presentar el documento.
Según la Dirección de Centros Penales (DGCP), diariamente entregan un promedio de mil solvencias.
Los miembros de Sitrapen aseguraron que la medida podría continuar los próximos días.
Por su parte, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo en una entrevista radial que los sindicalistas podrían caer en delitos por no permitir el ingreso a las oficinas administrativas y algunos penales. — EDH