Por segunda ocasión en la actual legislatura, diputados a la Asamblea Legislativa utilizan un mecanismo internacional para presionar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por sentencias que no les son gratas.
Anteriormente recurrieron incluso a la Corte de Managua. Ahora buscaron al Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe (Grulac), que forma parte de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Para ello el presidente y tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y Francisco Merino, se tomaron el trabajo de viajar a Ginebra, Suiza.
La razón: denunciar a los magistrados del Tribunal Constitucional por la sentencia que ordena que los diputados suplentes no tengan fuero salvo cuando están sustituyendo a los titulares.
Tras la gestión de los diputados salvadoreños, el Grulac expresó “rechazo” ante dicha resolución y respaldó a los legisladores suplentes, según ellos, ante “la resolución que contravienen la letra y espíritu de la Constitución de El Salvador vulnerando sus derechos políticos”.
El documento sobre el pronunciamiento fue publicado ayer en las diferentes plataformas electrónicas del Órgano Legislativo.
Esta reacción sigue a la serie de ataques lanzados contra la Sala Constitucional por el partido oficial FMLN, al que pertenece Reyes, así como sus organizaciones fines.
Estos últimos han fustigado a los magistrados exigiéndoles que no emitan resoluciones que afectan al Gobierno, entre ellas el paquetazo financiero aprobado por el FMLN y GANA que grava operaciones financieras y obliga a un tributo anticipado a las empresas.
Los magistrados han enfrentado la resistencia de los representantes del FMLN a la sentencia luego que el diputado suplente Wílver Rivera fuera detenido bajo cargos de lavado de dinero, en septiembre. En el pasado, al menos otros dos diputados suplentes fueron encausados por estar ligados al tráfico de drogas y al asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer en Guatemala, en 2007.
El Fiscal General, Luis Martínez, también ha sido blanco de los ataques de Sigfrido Reyes tras el arresto de Rivera.
Igual que en 2012
Reyes y Merino, acompañados también por la diputada Karina Sosa, viajaron el fin de semana a Ginebra, Suiza, con fondos del Estado, a una misión oficial de la UIP, su 131 Asamblea.
De aquí que esta situación sea criticada por diputados y organizaciones sociales.
El jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano, manifestó que esta acción fue similar a la realizada en 2012 ante la Corte de Managua. Vaquerano está claro en que ellos solo buscan organismos internacionales para tratar de evadir el cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
“Por esa razón ninguno de nuestra fracción lo comparte. Como hacen mayoría, ellos pueden hablar a nombre de la Asamblea, pero no pueden hablar en nombre de la fracción de ARENA. Ese pronunciamiento no tiene ningún valor vinculante (obligatorio), solo es para buscar esa confrontación”, apuntó.
El diputado democristiano Rodolfo Parker expresó que dicho pronunciamiento no tiene ningún efecto jurídico y mucho menos de índole política. “No tiene efectos jurídicos porque no es una instancia que tiene jurisdicción encima de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Igualmente cero efectos políticos porque esto en definitiva es un debate que compete a los salvadoreños. Punto”.
Walter Guzmán, jefe de fracción de GANA, dijo al respecto que cada quien es libre de emitir opinión, pero al referirse sobre las posiciones expresadas en Suiza tanto por Sigfrido Reyes y Francisco Merino, dijo que “tenía entendido” que lo realizaron en representación de sus respectivos partidos.
Asimismo, reiteró la posición de su partido de que los diputados suplentes tienen los mismos derechos que los propietarios todo el tiempo.
Se intentó conocer la opinión, vía telefónica, de representantes del PCN, a través de los diputados Roberto Angulo y Mario Ponce, así como de Douglas Avilés, del CD, pero no contestaron las llamadas.
Organizaciones sociales
Representantes de la sociedad civil, específicamente dos tanques de pensamiento, y también integrantes de Aliados por la Democracia, cuestionaron este pronunciamiento del Grulac.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, dijo desconocer las intenciones de los diputados para realizar ese viaje a Suiza, pero que ve con preocupación que se “esté buscando este tipo de respaldo internacional para querer de alguna forma, querer contrariar a la Sala”.
“La Sala ha tenido un rol muy destacado. Nos parece que estar acudiendo en una misión oficial para llevar una posición que entiendo no es de toda la Asamblea Legislativa sí me parece que no es lo más correcto y sobre todo que vayan a plantear una situación de confrontación”, dijo.
Castro reiteró que todo esto tiene su origen desde cuando los partidos intentaron amarrar las decisiones de la Sala con el decreto 743, para evitar que se emitieran sentencias importantes que han fortalecido el sistema electoral del país y que de alguna manera afectaron los intereses de algunos partidos.
“Con este tipo de situaciones (los políticos) han amenazado la independencia judicial y queriendo afectar y anular a la Sala de lo Constitucional. Preocupa que de nuevo ha habido algunas declaraciones por los fallos… de algunos diputados y políticos refiriéndose a la Sala, lo cual nos preocupa que eso en el futuro se pueda traducir en nuevos ataques”, apuntó Castro.
Javier Argueta, director jurídico de ANEP, manifestó que es preocupante que representantes del pueblo salvadoreño estén dando un mensaje que no representa la voluntad popular.
“Los diputados que se han pronunciado sobre esto lo han hecho, no en nombre del pueblo, sino que fue en carácter personal. Por tanto, los organismos internacionales debe poner atención a ello, que no es el pueblo el que está representado”, añadió.