Seis militares a los que la Fiscalía General acusaba de comercio ilegal de armas de guerra y agrupaciones ilícitas fueron absueltos de cargos ayer por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz.
Sin embargo, a tres de ellos los sentenció a tres años de prisión, tras comprobar que habían cometido hurto agravado tentado, un delito por el que el Ministerio Público no les estaba procesando.
Los condenados fueron Víctor Manuel Peña González, Jorge Nerio Lipe y José Luis Chacón Romero.
Los tres resultaron beneficiados con el fallo pues no tendrán que cumplir su condena en la cárcel, sino que deberán hacer 144 jornadas de trabajo de utilidad pública.
Mientras que los militares absueltos fueron Gilberto Espinoza Hércules, José Mario Mejía Hernández y Francisco Morales Miranda.
El Ministerio Público sostuvo, durante todo el proceso, que los militares vendían armas de guerra a estructuras criminales internacionales, después que simulaban destruir lotes de granadas tipo M-67, en la hacienda El Ángel, en Tapalhuaca, La Paz.
No obstante, los artefactos eran enterrados y luego transportados hacia el occidente del país para comercializarlos.
De acuerdo con las investigaciones, los militares procesados eran parte de la comitiva que visitaba los almacenes de la Fuerza Armada y luego determinaban qué armas debían destruirse, porque su vida útil había terminado y representaban peligro para las instalaciones castrenses.
La estructura habría hecho dos trasiegos de armas antes de ser detenidos por las autoridades militares, en 2011. Uno de esos traslados se hizo en 2010.
Ayer, el fiscal del caso se limitó a confirmar que el Tribunal condenó a tres militares por un delito que la Fiscalía no les atribuyó y dijo que no daría más información porque el caso tiene reserva.
Por su parte, Luis Peña, defensor de Espinoza Hércules, manifestó que el juez “no dio crédito al relato de un testigo y consideró que la Fiscalía había hecho una deficiente investigación”.