Cuando el expresidente Mauricio Funes informó en octubre de 2013 que se le pagó $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato “Llave en Mano” con un 38% de avance, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ya tenía definido, con supervisores internos, que solo se construyó el 29.29% de la presa El Chaparral, un proyecto de obra pública que sigue bajo la investigación de la Fiscalía General.
Esta cifra se constató en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, dos meses después que se firmó el Acuerdo de Arreglo Directo del contrato 4143-S entre el expresidente de la autónoma, José Leopoldo Samour (quien fungió en todo el proceso como su representante legal) y Mario Pieragostini, presidente y apoderado de Astaldi.
Dentro de la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación de un 8.71%, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38%, lo cual sustentó el pago de $28.7 millones como un sobreprecio.
Estos, según Funes, fueron parte de un “respaldo jurídico”, es decir, se canceló para evitar un arbitraje internacional. Sin embargo no definió, en el Arreglo Directo, responsabilidades, sobre todo en el mal manejo del margen derecho de la montaña o que la obra se construyera en un sitio inadecuado, dos detalles que advirtió en 2010 la supervisión externa de El Chaparral realizada por las firmas Euroestudios e Ingetec.
Por ello hay que destacar que, según el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, (Lacap) se puede optar por la modalidad de terminación de contrato por mutuo acuerdo, no pudiendo en este caso reconocer cantidades que no pertenezcan al valor “de la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos”.
Sobre las justificaciones de esa diferencia del 29.9% al 38% se ha intentado hablar con la CEL y Astaldi, pues ningún documento al que este medio ha tenido acceso lo establece. Pero ambas instituciones han remitido al comunicado conjunto publicado.
Para el abogado Francisco Bertrand Galindo, hubo una extralimitación de Samour en aceptar el “pago por evitar el litigio internacional”, o sea reconocer dentro del acuerdo de terminación por mutuo acuerdo los dividendos esperados por Astaldi ($ 28 millones). Este rubro debió definirse por vía judicial, ya que es algo que no corresponde a la figura jurídica que se empleó para dar por terminado en contrato: terminación de mutuo acuerdo.
Este pago debió discutirse en juicio porque si se incluye, como pasó, en un proceso de liquidación voluntaria de contrato, se presta fácilmente a decisiones arbitrarias o pagos irregulares. La restricción legal es para evitar justamente pagos no necesarios en la terminación de contratos públicos, analizó al jurista y citó doctrina del abogado Barrera en su libro “la LACAP comentada”, que al respecto sostiene que tal restricción está puesta “como una concreción de la responsabilidad de la administración y para evitar enriquecimiento ilícito”.
Más allá de esta irregularidades incluso Funes recordó la semana pasada en una entrevista televisiva sus razones para avalar el pago a Astaldi, con énfasis en que se tomó la decisión de evitar un arbitraje. Sin embargo, aún no queda claro por qué no se obligó a Astaldi a cumplir el contrato, cuando la supervisión demostró que el contratista conocía las anomalías geológicas en el margen derecho desde antes que firmó el contrato, un punto en el que Bertand Galindo consideró que el Estado pudo ganar un arbitraje y obligar a la compañía a terminar la presa con los costos originales.
“En el diseño básico se establece la necesidad de colocar en los taludes de excavación para la presa anclajes pasivos (…) para prevenir deformaciones o relajaciones de la roca. Estas consideraciones no han sido tenidas en cuenta por Astaldi. Desde el comienzo de la obra se ha venido excavando el estribo derecho de forma desordenada y sin ningún patrón de soporte”, dice el informe de los supervisores.
Hasta el momento, la FGR mantiene en la presa abandonada (en San Luis La Reina y Carolina, San Miguel) un equipo de geólogos que están realizando un peritaje para verificar supuestas anomalías en el proceso de selección. Incluso los fiscales anticorrupción revisarán documentación sobre los procedimientos, confirmó el titular del Ministerio Público, Luis Martínez.