Los oficiales de acceso a la información del Ministerio de Gobernación, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (Cefafa), fueron destituidos en días recientes, según confirmó la directora de transparencia de la Presidencia de la República, Kimberling Hernández.
Además, detalló que se aceptaron las renuncias de los oficiales del Ministerio de Justicia y de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), además de dos cambios de puesto en el Centro de Ferias y Convenciones (Cifco) y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).
Al respecto, la Comisionada del Instituto de Acceso a la Opinión Pública (IAIP), Herminia Funes, aseguró que realizarán una investigación sobre estos movimientos, los cuales pueden ser por razones “ajenas al cumplimiento” de la Ley de Acceso a la Información por parte de los oficiales.
“Nosotros, como Instituto, siempre hemos hecho un llamado a que los oficiales tengan un carácter técnico, no político. Ellos no pueden ser un cargo de confianza, como muchos funcionarios lo han señalado, deben velar por el cumplimiento de la ley y dar la información según los procesos ya estipulados”, recordó Funes.
Por otra parte, el IAIP, en el marco de su rendición de cuentas, informó que entes como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional Civil (PNC), varias Alcaldías y Casa Presidencial, son las instancias con más denuncias ciudadanas de no entregar información de forma oportuna o de denegarla, aunque no cuenten con declaratorias de reserva.
“Nosotros queremos realizar una mayor labor de control, de fiscalización, pero por el bajo presupuesto es imposible. Incluso nosotros estamos realizando labores administrativas porque aún no tenemos gerencias definidas y hay otros inconvenientes. Esa es una manera de limitar el Instituto”, afirmó Carlos Ortega, Comisionado presidente del IAIP.
Por último, el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, dijo que el techo presupuestario del IAIP para 2015 será de $1.4 millones, cifra sujeta a recortes que se realizarán cuando se estudie el anteproyecto en la Asamblea.