A pesar de los avances para facilitar el acceso a la información pública, el Grupo Promotor de la Ley de Acceso, integrado por varias instancias de la sociedad civil, advierten sobre el exceso de declaratorias de reserva en temas de interés nacional por parte del Gobierno y el poco presupuesto para el funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
También recuerdan que aún no ven cambios en la política de acceso a la información por parte de Casa Presidencial y en otras instituciones donde se manejan importantes fondos públicos, señaló Javier Argueta, director del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“Hay avances en la divulgación de información y la demanda ciudadana al respecto ha aumentado. Pero hay excesivas reservas de información que mandan un mal mensaje en el cumplimiento de la ley. Incluso, hay muchos casos donde no quedan claros los criterios al respecto, las reservas son el mejor chaleco para blindar la información o la corrupción”, agregó Castro.
Por otra parte, Javier Argueta, representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), recordó que la decisión de la Sala de lo Contencioso, de admitir revisar decisiones de fondo del IAIP, ha impedido establecer multas y entregar información, lo cual resta eficacia a las decisiones que se dictan en el Instituto.
“La Sala solo conoce aspectos de legalidad de los entes públicos. Por ello, al Grupo le preocupa que se hagan interpretaciones equivocadas de la Ley de Información, lo cual debilitaría los avances que ya se tienen en la materia”, resaltó Argueta.
Pese a ello, el Grupo Promotor insiste en que es clave contar con un presupuesto acorde con una institución de interés público porque, hasta la fecha, el monto asignado, según Castro, responde más a un ente administrativo , similar al Tribunal de Ética Gubernamental o otras instancias, ejemplificó Castro.
“Con más recursos, el instituto podrá desarrollar campañas, capacitaciones e incluso, tener más capacidad de fiscalizar las Oficinas de Acceso a la Información. Sin recursos adecuados es como estar desarticulando los avances que se han logrado”, insistió Argueta.
Finalmente, otro aspecto que el Grupo consideró clave es dar un mayor estatus a los funcionarios de acceso a la información, y dotarlos de un carácter técnico, no político o partidario.