Un exministro de Defensa y un exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC) coinciden en que en los primeros cien días de este gobierno aún no hay definidos verdaderos planes de seguridad para enfrentar la criminalidad y el accionar de las pandillas.
Tanto el exministro de la Defensa, general Otto Romero, como el comisionado de la Policía (retirado), Jaime Vigil, creen que se han implementado medidas urgentes para paliar el problema, pero que estas no tendrán mayor incidencia en la reducción del crimen.
El comisionado Vigil sostiene que las medidas de seguridad anunciadas por las autoridades, entre ellas el despliegue de la Policía Comunitaria y la creación de un Consejo y un Sistema Nacional de Seguridad Pública, no permiten ver con claridad si se transita por el rumbo correcto y si el legado de la administración 2014-2019 será positivo.
“Lo visto en estos cien días, más parece ser el resultado de la necesidad de respuestas mediáticas y urgentes a los hechos criminales que afligen a los salvadoreños, mientras se terminan los planes propios en la materia”, señala Vigil, quien ahora trabaja como asesor de la Policía Nacional en Haití, bajo las órdenes de Naciones Unidas.
Por su parte, el general Romero detalla que el desenvolvimiento de este gobierno en el tema de la seguridad ha sido “muy malo” y retoma las críticas del Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, que considera que “el país va hacia un Estado fallido”.
“A monseñor (Escobar Alas) lo han interpretado mal. Él no ha dicho que estamos en un Estado fallido, sino que vamos camino a un Estado fallido, y estoy de acuerdo con él y desde hace mucho tiempo”, afirmó el general Romero.
Policía Comunitaria
A juicio del militar retirado, el despliegue de la Policía Comunitaria, la cual podría servir para organizar a las comunidades a luchar contra la criminalidad, va a paso lento y además es “poco ambiciosa” porque no ha llegado a todo el país.
El exministro Romero cree necesario que se haga un plan antipandillas que incluya tres componentes, similar a un plan contrainsurgencia.
Como primer paso se debe cerrar los espacios a las pandillas para evitar que más jóvenes se incorporen a esos grupos y para ello se tendría que organizar a las comunidades rurales en comités de seguridad local.
“El éxito no es llenar las cárceles de mareros, el éxito está en impedir que se produzcan más mareros”, dijo Romero, quien sostuvo que el segundo paso del plan comprendería el combate frontal de los pandilleros que hayan cometido delitos para sean sometidos a la justicia.
Como tercer eje del plan integral está la rehabilitación de las comunidades mediante proyectos y dotación de fondos para el desarrollo y el alivio de las necesidades de los habitantes.
Un paso importante que, según Romero le convendría al país, es la reactivación del Consejo de Seguridad Nacional, que era un ente que trabajaba para detectar las amenazas que tenía la seguridad nacional del país. Cree que otro de los factores que impide que el problema de la criminalidad sea combatida es el alto grado de polarización que se vive en la clase política.
Consejo de Seguridad
Las autoridades de Seguridad Pública han anunciado la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, una propuesta que no aparece en el plan de gobierno “El Salvador adelante” que impulsó el partido FMLN durante la pasada campaña presidencial, pero sí era una de las ofertas electorales del partido ARENA.
En un documento de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades) que recoge las propuestas electorales de los candidatos presidenciales en los pasados comicios, se destaca que la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eran ofertas presidenciales del actual alcalde de San Salvador, Norman Quijano.
Ahora las autoridades de Seguridad Pública han anunciado que oficializarán la creación del referido consejo que será el encargado de verificar el cumplimiento de las políticas y los planes de seguridad.
El comisionado Vigil sostiene que el referido Consejo no tiene asidero legal, porque la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC) ya establece que es el Consejo de Ética el que deberá verificar y supervisar el cumpliendo de las políticas de seguridad y que se ejecuten los planes en esta área. Este Consejo de Ética fue desechado por las anteriores autoridades de Seguridad Pública, pese a que lo contempla la ley, según Vigil.
Vigil cree que las “medidas mediáticas por sí solas no generan impactos positivos en la reducción de la criminalidad y, por el contrario, desgastan a las instituciones”.
Cuestiona que las actuales autoridades de la Policía se hayan estancado en los avances que tuvo anteriormente en cuanto al análisis de la criminalidad, sus tendencias, sus variaciones y sus desplazamientos geográficos.
“Tal avance no parece que haya continuado con el mismo nivel y mucho menos que sea parte esencial de la toma de decisiones para la prevención y combate eficaz a la criminalidad”, señala Vigil.
El excomisionado sostiene que se ha demostrado que “más policías en la calle no necesariamente previenen ni disuaden el que se cometan delitos, sino se tiene un análisis a conciencia y metodológico de las áreas dónde se concentra el delito, lo que ayudaría grandemente a que los policías salgan a patrullar, pero con una misión específica”. Y agrega que “poco o nada sirve que salgan a patrullar de modo aleatorio por las calles, sin saber qué harán durante la jornada laboral”.
Otro de los cuestionamientos que hace el comisionado Vigil es que este Gobierno retome la Política de Justicia, Seguridad y Convivencia; que el Gobierno anterior prometió y no cumplió. “Vale la pena aplaudir tal desafío y ojalá que se logre implementar en el más corto plazo”, afirmó.