Casi 100 días de gestión y no hay planes de seguridad para enfrentar la ola de asesinatos, extorsiones y ataques al transporte colectivo, entre otros delitos.
Las autoridades de Seguridad tienen como su principal apuesta para la reducción de los altos índices de homicidios y extorsiones el modelo de la Policía Comunitaria, una estrategia que expertos en seguridad han cuestionado porque no creen que pueda ser efectiva en aquellas zonas con presencia de pandillas y además que pueda arrojar buenos resultados a corto plazo.
Curiosamente, 15 días después de que el gobierno anunciara el despliegue de la Policía Comunitaria como punta de lanza para combatir la criminalidad y que las autoridades aseguran que los homicidios han comenzado a bajar, las pandillas anunciaron retomar el tema de la tregua entre esos grupos como un aporte para la reducción de la violencia criminal, según sus voceros de esos grupos.
Este gobierno que asumió las riendas del país el 1 de junio pasado recibió la seguridad pública con un promedio de 10 homicidios por día, pero en estos tres meses de la administración de Salvador Sánchez Cerén, el problema de la criminalidad se ha agudizado llegando hasta 12 asesinatos diarios.
Desde el 1 de junio hasta el 2 de septiembre, la Policía registra 1,092 asesinatos, siendo junio el que reporta más crímenes en esta gestión presidencial con 378 crímenes.
En julio pasado se registraron 348 homicidios; mientras que en los 31 días de agosto hubo 344 asesinatos, según la Policía, lo que refleja que en el primer trimestre de este gobierno los homicidios no han bajado de 300 mensuales. En los dos primeros días de septiembre se reportan ya 22 homicidios.
Al incremento de los asesinatos habrá que sumar el aumento de ataques armados de las pandillas contra patrullas de policías y soldados, en los que al menos 35 mareros han muerto y más de medio centenar han resultado heridos.
Los atentados contra policías y militares, cuando andan de licencia, se han incrementado y han dejado 20 policías muertos y decenas de lesionados.
La intimidación que ejercen las pandillas en las comunidades ha tenido sus efectos negativos al grado que muchas familias han tenido que abandonar sus casas por el acoso de los pandilleros para el pago de las extorsiones.
Uno de esos casos se registró a finales de julio en los condominios Cristo Redentor, en Mejicanos, donde 14 familias huyeron por temer a represalias. Ni los mismos policías se han librado de estas amenazas y han tenido que abandonar sus casas para poner a salvo a su familia.
Ante el éxodo de los grupos familiares, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que dichos desalojos forzados no se deben a las amenazas de las pandillas, sino a distintos motivos ajenos al accionar de esos grupos.
Sostuvo que el fenómeno del abandono de las casas se intensificó desde que se comenzó a impulsar el plan Casa Segura en varios municipios porque “muchas casas que estaban siendo ocupadas ilegalmente fueron abandonadas”.
Las extorsiones sigue golpeando a la pequeña y micro empresa, comerciantes y población en general.
Las cifras de la Fiscalía General detallan que 2,127 personas que han sido extorsionadas se han presentado a denunciar entre el 1 de enero y el 1 de septiembre, lo que refleja, en promedio, nueve denuncias por día. Hay 101 denuncias menos que en el 2013.
En el informe semestral de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) se destaca que el 79 por ciento de la pequeña empresa sigue siendo extorsionada y que el 84 por ciento de esos empresarios prefiere no denunciar por temor a represalias y lo que es más preocupante, según el centro de estudios, es que no denuncian porque no les tienen confianza a las autoridades llámeseles Policía, Fiscalía y sistema judicial.
Los datos fiscales apuntan a una reducción de 86 avisos menos que en el mismo período de 2013.
La Unidad Antiextorsión de la Fiscalía asegura que existe un 97 por ciento de los procesados por extorsión son condenados. Refiere la Fiscalía que 724 personas han sido condenadas a penas de hasta 20 años de prisión.
Sánchez Cerén aseguró, en su discurso de toma de posesión, que él se pondrá al frente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana pero hasta el momento, según analistas, aún se desconoce de qué se trata el referido sistema y qué instituciones integrarán el mismo.
Sánchez Cerén propone una Política Nacional de Justicia, Seguridad Ciudadana y Convivencia como una de las estrategias y apuestas de autoridades de Seguridad Pública con un alto componente de prevención más que el combate frontal de la criminalidad.
Esta política está sustentada en cinco lineamientos en el que se destaca la prevención del crimen y la violencia con el concurso de las iglesias, alcaldías, empresa privada y otros sectores del país.
Como segundo eje contempla el control y la represión del delito y la violencia. En ese sentido, las autoridades policiales le quieren dar un cambio en la conducción de la Policía con el despliegue territorial de la Policía Comunitaria en al menos 15 municipios, en principio, con los índices más altos de criminalidad y de presencia de pandillas.
Además, buscan reforzar el sistema de investigación criminal e inteligencia policial.
Otro de los lineamientos de la referida política es la rehabilitación y reinserción social de los integrantes de las pandillas. Con esto se pretende que exista un mejor control y orden en los centros penales; así como combatir el ocio entre los reclusos para que estos puedan estar preparados para la reinserción social productiva.
El quinto eje de dicha política consiste en la atención a las víctimas de la criminalidad y para eso se proyecta fortalecer la institucionalidad del sistema de seguridad pública.