Ante el silencio de las autoridades de Justicia y Seguridad Pública, los diputados de oposición en el pleno legislativo han comenzado a pedir cuentas al Gobierno.
Demandan que brinde un informe detallado de las inversiones con recursos de los préstamos, incluyendo los de Seguridad.
Algunos han advertido a la fracción oficialista que no aprobarán más “combos” de préstamos, mientras no brinden un informe de los empréstitos anteriores.
Sobre el préstamo del BCIE, se abordó a la jefa parlamentaria de la comisión de Hacienda, Lorena Peña, pero de forma descortés dejó a uno de los periodistas de El Diario de Hoy, haciéndole las preguntas sobre la ejecución de los 71 millones de dólares.
Caminando sobre el pasillo de la entrada al recinto del pleno legislativo, Peña contestó: “esos préstamos no han sido aprobados todavía, o no sé de qué me habla”, respondió y desapareció.
El diputado Antonio Almendáriz, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, manifestó que aunque la supervisión de estos recursos no compete al referido grupo parlamentario, dijo tener conocimiento de algunos problemas (sin entrar en detalles) que se han presentado en la elaboración de presupuestos para la construcción de los penales.
“Pero también se sabe que cuando los dineros no llegan a tiempo, y cuando se va a recomenzar una obra, el costo de los materiales se eleva”, afirmó Almendáriz.
Su colega por el partido Alianza Nacionalista (ARENA), Milena Calderón manifestó que tampoco ellos han visto obras financiadas con los préstamos. “No se ha visto solución a los problemas que se dijeron, cuando se aprobaron los préstamos”.
Por eso, Calderón recientemente cuestionó el verdadero uso que se ha dado a los préstamos anteriores y pidió se brinde un informe detallado de las obras.
“Hemos visto una serie de errores y no vemos la forma en que han sido ejecutado los préstamos”, sentenció.
“Una empieza a tener dudas sobre si los dineros se están usando en lo que se dijo, porque si no, se estaría cometiendo un gravísimo problema, porque por ley los fondos deben ser usados en lo que se ha dicho que se utilizarían cuando se aprobó el préstamo”, puntualizó.
“Nosotros hemos presentado una pieza donde pedimos un informe para que nos expliquen cómo se ha ejecutado el préstamo”, expresó Calderón.
“Pensamos, incluso, ir a hablar con las instituciones financieras que concedieron el préstamo para preguntarles cuál es la auditoría que desarrollan en esos financiamientos”, advirtió.
Los legisladores temen que se podrían estar pagando intereses por préstamos que no se están utilizando, pues, de lo contrario, la deuda aumenta y no se ven soluciones a los problemas.
Marielos Peña, diputada de ARENA, afirmó que el préstamo con el BCIE contemplaba el proyecto de uso de brazaletes en prisioneros de baja peligrosidad, pero que para su implementación se necesitaba de una ley reguladora, la cual fue aprobada en junio de este año.
La idea era, dijo Peña, determinar quiénes serían los reos que utilizarían esos brazaletes y en qué condiciones funcionarían. Además, conocer los alcances de la ampliación del penal de Izalco y otros que serían financiados con el préstamo.
“Hemos pedido información al ministro de Justicia para verificar cómo va el proceso de ejecución o los obstáculos que se han presentado con el uso del préstamo”, explicó la legisladora.
Reiteró que el ministro de Hacienda ya asignó los recursos del préstamo del BCIE al presupuesto de este año, para la compra de los brazaletes. “Seguridad ya tiene el dinero para comprar los brazaletes”, afirmó.
Señaló que en junio, la Asamblea Legislativa asignó los fondos del presupuesto del BCIE a la cartera de Justicia y Seguridad Pública.
El diputado Sigifredo Ochoa Pérez, del Partido Democracia Salvadoreña (PDS), manifestó que también él desconoce el uso de los préstamos internacionales.
“Necesitamos información y sin ella no estamos dispuestos a seguir votando por otros proyectos, deben explicarnos al detalle”, afirmó.
Hay que buscar soluciones prácticas para resolver el problema del hacinamiento carcelario, reiteró Ocho Pérez.
Expresó que el uso de vagones como celdas era una solución que plantearon y que le parecía viable, pero ya no se dijo más de ese tema.
En el paquete de soluciones del gobierno anterior, se dijo que se utilizarían contenedores en el proyecto de granjas penitenciarias, pero el actual gobierno no se ha referido al tema. Lo cierto es que los diputados esperan el informe del gobierno sobre la ejecución del préstamo.