La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) dijo que la venta de la frecuencia del cana 37 al canal 11 y la forma en que se ha hecho en el gobierno anterior “suena a amaño” y se evidencia mal manejo de recursos públicos.
En una entrevista en TCS, Rubio recordó que en economía política marxista se pregunta qué intereses se están defendiendo y allí se necesita ponerle nombre y apellido a compradores.
“Suena a amaño esto porque venderte algo barato para hacer después el truco rápido y quedarte con lo más caro suena a un amaño. Entonces la pregunta es quiénes son los socios o los promotores de esta empresa que tuvo esa posibilidad de ese amaño”, dijo.
Astor Escalante, el anterior titular de la Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones (Siget), autorizó de manera exprés el cambio de la frecuencia al canal 37 en UHF -concesionado a una universidad privada- al canal 11 en VHF luego de ordenar un estudio técnico de factibilidad y luego acomodarlo en una nueva frecuencia sin que nadie oficialmente lo solicitara.
Rubio lanzó varias preguntas: ¿hay participación de algún alto funcionario del gobierno anterior, o algún funcionario de la Asamblea Legislativa que está interesado en esto? ¿Están ganando algo con esta empresa o qué intereses tienen? o ¿qué se está defendiendo en la Siget?
En seguida, cuestionó el rol de la titular de la Siget, Blanca Coto, quien no ha cumplido la decisión de la junta de directores de la institución que revoca la reasignación del canal 37 a la frecuencia de canal 11. Coto aduce que no se pronunciará hasta hacer los estudios respectivos y consultar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que sigue un juicio de amparo al respecto.
“Tomar como excusa la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional puede valer quizás en algo que ha sido hecho correctamente, pero decir que voy a agarrar esta resolución para defender una cosa que ha sido ilegal, aparece esto como una excusa”, afirmó Rubio.
Para el entrevistado, no se vale usar el Estado o amigos dentro del Estado para obtener cosas incorrectamente, por eso hay que sacarle la punta al lápiz para saber quiénes están detrás o los cómplices de este acuerdo hecho de forma “un poco oscura y rara”.
“El sentido común me dice a mí que esa operación claramente intencional de dar un canal de menor valor y después cambiarlo a uno de mayor valor, y que conste que el Estado pierde dinero en esa operación porque pudo haberlo vendido más caro. En primer lugar, allí hay un mal manejo de recursos”, afirmó Rubio.
En ese mismo tema, el abogado Francisco Bertrand Galindo dijo que Blanca Coto está obligada a cumplir con el acuerdo de la junta de directores y que el proceso en la Sala no se lo impide.
“Creo que ha utilizado ese mecanismo que para ella es ambiguo , para mí no lo es, se ha agarrado para esperar una resolución o una consulta a la Sala que no sé si se ha hecho también”, afirmó.
A su juicio, Coto puede estar incurriendo en desobediencia, en un acto arbitrario, pero es un tema que la Fiscalía tendrá que definir.