El gobierno no logra ponerse al día con la entrega de la Pensión Básica Universal a más de 31 mil ancianos y con el bono familiar por salud y educación, según lo admitió el miércoles anterior la presidenta del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), Gladis de Serpas.
De acuerdo con la Ley de Desarrollo y Protección Social, es una obligación del gobierno entregar 50 dólares mensuales a personas mayores de 70 años, y entre 15 y 20 dólares a familias que tienen hijos menores de 16 años, que residen en los 86 municipios incluidos en el programa Comunidades Solidarias Rurales (CSR).
Esa ley fue aprobada el 3 de abril anterior por la Asamblea Legislativa, y fue una iniciativa del entonces presidente Mauricio Funes, pero para esa fecha, ya adeudaban entre cuatro y cinco meses de pensión a los ancianos y a los beneficiados con el bono familiar.
Serpas dijo que “ya están por ponerse al día”, y que esperan que en diciembre se hagan las tres entregas de dinero programadas para este año.
Al inicio del programa, tanto la pensión para adultos mayores como el bono familiar se entregaba mensualmente. Luego, se cambió a cada dos meses, pero en noviembre de 2013 los beneficiarios fueron notificados que la entrega se haría cada cuatro meses; es decir que, en el caso de los ancianos, cada cuatro meses recibirían 200 dólares.
El 13 de julio anterior, El Diario de Hoy publicó un reportaje en el que señalaba que el gobierno llevaba ocho meses de retraso en la entrega del beneficio económico.
El miércoles pasado, Serpas dijo que en julio y agosto anterior lograron entregar el dinero que los beneficiarios debieron haber recibido en marzo y abril.
La presidenta del FISDL, ejecutor del programa CSR, aseguró que esperaba que en los primeros días de octubre se hiciera otra entrega, esto es, el pago que correspondía hacer entre julio y agosto.
De acuerdo con la presidenta del FISDL, son aproximadamente entre siete y ocho millones de dólares, el monto que el gobierno debería entregar cada cuatro meses.
El programa CRS cuenta con la ayuda económica de varias entidades internacionales quienes han hecho aportaciones en efectivo para cubrir la ejecución del programa, hasta 2015.
Los cooperantes son el Gran Ducado de Luxemburgo, la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Serpas aseguró que el retraso en la entrega de las subvenciones económicas no ha tenido ninguna repercusión con los cooperantes, cuyos aportes son dirigidos a un fondo común, conocido como Focap (Fondo Común de Apoyo Programático al Programa Comunidades Solidarias) que en febrero de 2012 recibió el primer desembolso de más de 22 millones de dólares.
Reselección de beneficiarios
El Diario de Hoy ha señalado anteriormente que tanto en la entrega de la pensión para los ancianos como en el bono familiar, hay beneficiarios que viven en condiciones económicas tales que no necesitan la subvención estatal.
Por lo anterior, Serpas afirmó que ya se está ejecutando una reselección de beneficiarios, a través del Registro Único de Participantes (RUP), en 25 municipios calificados de pobreza severa, beneficiados por el programa Comunidades Rurales Solidarias.
No obstante, Serpas explicó que no podría precisar detalles porque la reselección de beneficiarios, es decir, la ejecución del RUP, lo está haciendo la Secretaría Técnica de la Presidencia.
En julio, este periódico señaló que en el caso de la pensión a los adultos mayores, hay personas que no necesitan de la ayuda, como la madre de un alcalde de un municipio del departamento de Ahuachapán.
En otros casos, El Diario de Hoy comprobó que hay ancianos que tienen hasta una persona que les ayuda en los quehaceres del hogar, poseen teléfono celular y sin embargo, reciben el beneficio.
La falta de dinero que el Estado tiene para cumplir con la entrega puntual de la pensión a los ancianos y el bono familiar, no solo está afectando a los beneficiarios, sino también a decenas de personas que trabajan como promotores sociales; quienes son recontratados por empresas u organizaciones empleadas por el FISDL, para la supervisión del programa RCS.
En julio anterior, los promotores sociales llevaban ya dos meses sin trabajar pues los contratos con las empresas para las que ellos laboraban terminó en mayo, explicaron algunos afectados.
Sobre esto, la presidenta del FISDL indicó que ya se estaba contratando a las personas que harían el levantamiento para la corresponsabilidad en cuanto a educación y salud.
“Esperaría que esta semana se tenga contratara a las personas por cada uno de los municipios en los cuales habrá un coordinador y trabajadores sociales que van a estar dándole seguimiento al programa”, concluyó Serpas.