La despenalización del aborto en el país es, para algunos grupos, una forma de “hacer valer los derechos de las mujeres” al decidir continuar o no con un embarazo. Pero, para otros, es un irrespeto a la vida. Para la Constitución, está prohibido.
En El Salvador es un tema que continúa generando polémica entre diversos sectores, sobre todo ahora, que Amnistía Internacional presentó, en un hotel capitalino, su informe sobre la violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto en El Salvador. La ONG foránea se dedicó a cuestionar la “prohibición absoluta” del aborto en el país.
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, resaltó que El Salvador es uno de los nueve países en el mundo que tienen una “prohibición” absoluta del aborto, de un total de 193.
“Este informe presenta detalles sobre las consecuencias de esta prohibición absoluta del aborto en El Salvador, las consecuencias para las niñas y las mujeres”, explicó Shetty.
En la actividad participaron la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y Colectiva Feminista, dos ONG que apoyan el indulto a 17 mujeres que, según ellas, fueron condenadas por “abortos espontáneos”.
Sin embargo, el director de Medicina Legal, Miguel Fortín, aclara que “ninguna está presa por aborto”.
Amnistía Internacional apoya la campaña de indulto de “Las 17” , Shetty dijo que su preocupación es que muchos de esos casos no han tenido un debido proceso: “Lo que ha sucedido es que fue un aborto espontáneo, y como no se da una investigación adecuada, se considera un aborto provocado”, acotó.
De acuerdo con Shetty, las leyes del país “están conduciendo al asesinato y a la lesión permanente de miles de mujeres”. Esta situación, según ellos, conduce a las mujeres a someterse a abortos clandestinos y no seguros.
Shetty también estimó que en el país hay una “violencia institucionalizada” contra las mujeres pobres de la zona rural. El secretario pidió al Gobierno salvadoreño garantizar el acceso al aborto, tanto a nivel jurídico como a práctico, específicamente en los casos en donde el embarazo constituye un riesgo a la vida y la salud de la mujer.
También solicitó que liberaren de inmediato y sin antecedentes penales a las “niñas y mujeres” encarceladas por “causas relacionadas con su embarazo”.
Shetty dijo estar “consciente” que el tema de la prohibición total del aborto es sumamente complejo y que existen diferentes opiniones al respecto, y que Amnistía Internacional se rige bajo las normas y leyes internacionales de derechos humanos y que respetan los credos religiosos.
“Campaña mentirosa”
Por su parte, las asociaciones Sí a la Vida y Vida SV han denunciado que las ONG que piden el indulto para 17 mujeres condenadas por homicidio, aseguran que esta campaña es una “manipulación”, en donde están “usando a las mujeres que han sido condenadas” para legalizar el aborto en el país.
“Si logran el indulto para estas mujeres, no solo estarían logrando que se legalice el aborto, que es el fin de la campaña, sino que, además, estarían legalizando el infanticidio porque esto no tiene nada que ver con el aborto”, explicó Regina de Cardenal, presidenta de Sí a la Vida.
Sara Larín, presidenta de Vida SV, opina que los promotores de la campaña han “tergiversado” los casos (de las 17 mujeres).
Larín aseveró que estos han argumentado ante las organizaciones internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Fondo Poblacional de Desarrollo, de la ONU, entre otras, que en El Salvador “meten presas a las mujeres por aborto natural”, cuando es falso.
Con respecto al apoyo de Amnistía Internacional en las actividades de las organizaciones pro despenalización del aborto, De Cardenal consideró que es una “injerencia” y un irrespeto a la soberanía nacional. “Están ayudando a la campaña de la legalización del aborto que lleva esta agrupación por la despenalización del mismo”, explicó.
Larín dijo que le preocupa la postura de algunos funcionarios públicos, como el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, que el miércoles apoyó públicamente el indulto de las 17 mujeres.
“Le pedimos a nuestros gobernantes que no cedan ante la presión, y les recordamos que la verdadera lucha contra el aborto clandestino se halla en mejorar el acceso a la salud de las niñas y mujeres, aumentando su nivel de escolaridad y que jamás la solución al aborto será legalizarlo”, afirmó.
Ambas asociaciones dijeron que legalizar el aborto es una amenaza al Estado de Derecho, que protege a los concebidos desde la concepción, lo cual está amparado en la Constitución de la República.